El Gobierno venezolano liberó el jueves a 22 detenidos, entre los que figuran la jueza María Lourdes Afiuni, detenida en 2009 cuando aún estaba Hugo Chávez en el poder, así como el periodista Braulio Jatar, según anunció la jefa de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
“Las bienvenidas liberaciones de 62 detenidos (en junio), junto con 22 más, incluidos el periodista Braulio Jatar y la juez (María) Lourdes Afiuni, liberados ayer, y la aceptación de las autoridades de dos de mis oficiales de Derechos Humanos en el país significan el inicio de un compromiso positivo”, dijo Bachelet.
En declaraciones posteriores a la prensa, Bachelet dio los nombres de Afiuni y Jatar. Los otros 20 son estudiantes, según un portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que reveló que había pedido expresamente al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que liberara a estas personas.
Durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, la expresidenta chilena animó al Gobierno venezolano a seguir liberando “a otros detenidos por el ejercicio de los Derechos Humanos”. La ONU cifra en 793 los presos políticos en el país.
El “presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó, atribuyó estas liberaciones a la “presión” ejercida por la propia Bachelet con el informe publicado el jueves, en el que denuncia la reducción del espacio democrático en el país y acusa al Estado de incumplir su obligación de garantizar el alimento y la atención médica.
“Producto del contundente informe de la Alta Comisionada y la condena recibida en la ONU, quedan en libertad 22 presos políticos, entre ellos la jueza Afiuni y el periodista Braulio Jatar. Nos corresponde aumentar la presión”, escribió en Twitter.
Detención de Afiuni
Afiuni fue detenida en 2009 tras ser criticada por Chávez después de ordenar la puesta en libertad de un empresario corrupto. La Fiscalía le acusó de aceptar sobornos para liberar al empresario Eligio Cedeno, algo que la juez negó, asegurando que le liberó porque llevaba más tiempo del contemplado por la ley a la espera de juicio.
Posteriormente, Afiuni denunció que había sido violada en prisión, algo que las autoridades venezolanas negaron asegurando que era una invención para ganar apoyos. En 2011 se le concedió el arresto domiciliario y el pasado mes de marzo fue condenada a cinco años de cárcel por “corrupción espiritual”.
En cuanto a Jatar, fue detenido en 2016 tras cubrir una protesta contra el actual presidente y acusado de blanqueo de capitales. Desde 2017 se encontraba en régimen de “casa por cárcel”.
El Tribunal Supremo de Justicia informó vía Twitter de que los tribunales correspondientes han aprobado “el cese de la medida cautelar sustitutiva de libertad” a favor de Afiuni y Jatar, que hasta ahora no habían recibido notificación oficial de las autoridades venezolanas.
Jatar emitió un comunicado en el que da las gracias a Bachelet, la ONU y “todos los que han hecho gestiones” a favor de su causa, pero lamentó que se trata de “una libertad limitada y condicionada a un proceso injusto e ilegal”. Según contó, le informaron verbalmente de que tendrá que comparecer cada quince días ante un tribunal y no podrá salir de Venezuela ni del estado de Nueva Esparta, donde vive.
