Después de un controvertido fin de semana, en el que populares y socialistas se enviaban recados sobre los perjuicios y los beneficios del Estado de las Autonomías, ayer le tocó el turno al ex presidente del Gobierno José María Aznar. El que fuera dirigente del país advirtió de la aspiración de las comunidades de convertirse en «mini-Estados» y de que, con esta pretensión, España no podrá competir con éxito «ni en Europa ni en el mundo».
Aznar hizo estas manifestaciones en la presentación de un estudio de la fundación que preside, FAES, titulado Por un Estado autonómico, racional y viable, en un acto en el que también intervino la secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal y volvió a referirse, por tercera vez en un mes, al modelo regional.
En la primera, afirmó que el Estado autonómico era inviable política y económicamente, mientras que en la segunda acusó al Ejecutivo de llevar el sistema al «borde del precipicio». Y en esta tercera ocasión, el conservador defendió la reforma del modelo para resolver los problemas que tienen las comunidades.
España, aseveró, no puede mostrarse al exterior como «un territorio fragmentado, enfrentado, inseguro y escasamente previsible», consecuencia de convertir «la diversidad territorial» en un «viaje hacia ninguna parte».
Asimismo, recordó que el modelo del Estado nace de la Constitución y, por tanto, «no puede quedar a merced del aventurerismo político de mayorías pasajeras» y debe evitar «nostalgias premodernas por fórmulas confederales», ya que ninguna de las planteadas ha arrojado las ventajas por las que abogaban.
Una intención que el ex presidente atribuyó a los nacionalismos independentistas y a la izquierda por su interés en el «desbordamiento de la Constitución».
Todavía hoy hay «quien sigue patrocinando un destructivo juego» entre administraciones central y autonómicas, que más que beneficiar, perjudica, y «quienes trabajan a favor de un Estado residual» por considerar que es «el único deseable».
Frente a esas propuestas «temerarias», Aznar defendió la Constitución como marco de configuración del modelo de Estado y apostó por afrontar la reforma bajo el paraguas de la Carta Magna.
Con el cambio se garantizaría el Estado de bienestar, se estimularía la competencia institucional entre territorios y se aprovecharían «las economías de escala» para competir con éxito en el exterior. Unos objetivos que, a su juicio, nunca será viables con regiones «aspirando a convertirse en mini-Estados».
Por su parte, Cospedal afirmó que en los últimos tiempos muchas administraciones han confundido «el lujo con la necesidad», lo que hace necesaria una «reforma racional» del modelo autonómico.
La número dos del PP enfrentó los gastos imprescindibles de Sanidad, Educación o servicios sociales con los superfluos que provienen de «17 plantas autonómicas que reproducen la planta del Estado». De este modo, denunció que haya 17 Defensores del Pueblo, 17 tribunales de Cuentas, 17 televisiones públicas… y todo ello acompañado por el gasto en coches oficiales o asesores, y criticó que «muchas administraciones han confundido el lujo con la necesidad».
