Con el objetivo de gestionar de manera coordinada el parque de viviendas destinadas a alquiler social, el Ayuntamiento de Segovia y la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, han firmado un convenio de colaboración, según informó la alcaldesa, Clara Luquero. “Se trata de buscar un trabajo cooperativo entre los profesionales de ambas instituciones que facilite el acceso a una vivienda a las personas de nuestra ciudad que lo necesiten”, apuntó la regidora.
Según se recoge en el convenio, el Ayuntamiento de Segovia es titular de 122 viviendas dentro de su ámbito municipal que vienen destinándose, entre otros usos, a facilitar alojamiento a personas o unidades familiares que se encuentran en riesgo de exclusión social.
El Consistorio se compromete, en virtud del convenio, a facilitar, a través de sus Centros de Atención Social, la información, el asesoramiento y la orientación profesional necesaria para el acceso a una vivienda en los casos que exista riesgo de exclusión social.
Asimismo, tiene que valorar la concurrencia de las condiciones concretas que permitan determinar la necesidad de vivienda de una persona o familia mediante la emisión del informe correspondiente. En el caso de que los servicios sociales emitan un informe favorable en el que se acredite la necesidad de acceso a una vivienda en alquiler social, y salvo que el Ayuntamiento disponga en ese momento de viviendas sin ocupar, dará traslado de la petición a la Junta.
Por su parte, la Consejería de Fomento se compromete a informar al Centro de Acción Social correspondiente, una vez recibido el informe que acredite la necesidad de acceso a una vivienda en alquiler social, de las viviendas disponibles, tanto en Segovia capital como en la provincia.
Para el control del cumplimiento del convenio, que tiene una vigencia de tres años, se constituirá una comisión de seguimiento, con miembros de ambas instituciones, que se reunirá, con carácter ordinario, una vez al año; asimismo, se podrá reunir a petición de cualquiera de ambas partes y, ante una petición de reunión por escrito de una de las dos partes, esta deberá producirse en un plazo no superior a un mes.
