La Diputación Provincial presentó hace unos días un escrito en el Registro Municipal para denunciar el convenio de colaboración que mantiene con el Ayuntamiento en relación al servicio de extinción de incendios. El convenio fue suscrito en 2006 por un periodo de cuatro años, si bien en una de las cláusulas se recogía su prórroga automática, lo que ha sucedido en las dos últimas anualidades. En síntesis, el acuerdo establece que la Diputación Provincial aporta una cantidad, sea en metálico o para costear la compra de material para el Parque de Bomberos, cifrada en unos 130.000 euros anuales, con el fin de sufragar los gastos derivados del desplazamiento de los efectivos a la provincia para extinción de incendios o tareas de salvamento.
El alcalde, Pedro Arahuetes, informó ayer que la junta de Gobierno local había tomado conocimiento de la denuncia del convenio por parte de la Diputación y que, en consecuencia, había acordado la finalización del convenio.
Arahuetes señaló que, salvo que la institución provincial plantee una nueva propuesta, la finalización del acuerdo dejaba libertad de actuación al municipio para enviar o no a sus bomberos para los casos que se produjeran fuera del término municipal de Segovia. El argumento del alcalde es que al no existir convenio y, en consecuencia, al no recibir ingresos por parte de la Diputación, el servicio de Bomberos deberá reducir gastos, por ejemplo, en combustible, con lo que, necesariamente, se disminuirán los desplazamientos para intervenciones en la provincia.
«Cada vez que salen diez bomberos a la provincia, son 10 menos en la ciudad, sin este convenio no se si el Ayuntamiento puede que ser tan generoso y asumir unos gastos que no le corresponden y mantener una actividad que va en detrimento además de la seguridad y grado de actuación en la ciudad», dijo Arahuetes.
La Diputación y el Ayuntamiento llevan negociando el convenio desde el pasado mes de noviembre; e incluso hoy viernes mantendrán un nuevo encuentro, concertado hace una semana. El diputado provincial de Acción Territorial, José Luis Sanz Merino, explicó ayer que los interlocutores de la Diputación ya informaron verbalmente de la denuncia del convenio antes de presentar formalmente el escrito; y apuntó que se trata de una herramienta jurídica que contempla el acuerdo suscrito hace seis años.
Sanz Merino explicó que la Diputación ha denunciado el acuerdo porque «sencillamente, queremos suscribir uno nuevo». «La experiencia de estos años nos dice que hay elementos que hay que valorar nuevamente, hay diferentes variables que estamos examinando y después de tantas reuniones y horas de trabajo confiamos en llegar a un acuerdo», aseguró el diputado provincial.
Lo cierto es que el acuerdo deberá producirse antes del próximo 25 de julio, fecha en la que expira el actual documento. «Estamos analizando muchos aspectos, no solamente económicos», añadió Sanz Merino, que eludió ofrecer ningún detalle sobre una negociación en marcha y que espera que culmine con éxito.
En caso de que no se suscriba un nuevo acuerdo entre Ayuntamiento y Diputación antes de la fecha de extinción del actual convenio, el Gobierno municipal ya ha anunciado que notificará a la Agencia de Protección Civil, la plataforma 112, que anoten en sus protocolos de llamadas de movilización de recursos que a los bomberos de la capital solo se les avise para las emergencias dentro del término municipal de Segovia, y que el resto se las pase a la Diputación.
Así consta en el acuerdo adoptado ayer por la junta de Gobierno local, si bien el alcalde admitió que el consistorio no puede ser ajeno a las llamadas de auxilio en casos graves. «Si llamasen a los bomberos para descarcerlar a una persona atrapada en un vehículo accidentado fuera de la capital, seguramente acudirán, pero sin el convenio no se podrá garantizar», aclaró.
Sin dar cifras, el alcalde apuntó que el coste del servicio de bomberos a la provincia «es muy superior» a la aportación de la Diputación Provincial y señaló que el porcentaje de intervenciones en la provincia supera cada año el 50% del volumen total. Arahuetes admitió que «todo está ahora en el aire» y señaló que el Ayuntamiento podría plantearse el cobro de tasas especiales para servicios que requieran desplazamientos fuera de la capital.
Preguntado sobre si la Diputación puede ‘jugar’ con la obligación del deber de socorro que tendrían los bomberos ante una llamada de auxilio, ahorrándose así la aportación anual que hasta ahora destinaba a este servicio, Arahuetes apuntó: «si juegan a eso me parecería lamentable, si quieren ahorrar en algo, que no sea en protección y vidas humanas, quizá deberían hacerlo en asesores y gastos superfluos”.
