La Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado (AVRAS) considera improcedente e injustificada la pérdida de exención fiscal en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para edificios del casco histórico. A través de una nota de prensa, este colectivo vecinal informa de que en los últimos días son muchos los ciudadanos de esta céntrica zona de Segovia que están recibiendo una notificación del Ayuntamiento que comunica al propietario que el año que viene dejará de contar con ese beneficio, además de indicarle el monto económico que supondrá el citado impuesto.
AVRAS recuerda que hace bastantes años, asesorados por esta asociación, “no pocos vecinos solicitaron y consiguieron la exención del IBI, al cumplir sus viviendas” los requisitos exigidos en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, donde se reconoce ese derecho.
Se trata de una exención para edificios localizados en sitios o conjuntos históricos con una antigüedad de al menos 50 años e incluidos en el catálogo correspondiente como objeto de protección integral, de acuerdo con el reglamento de aplicación de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana de 1985.
La revocación de la exención se ampara, según la asociación, en una Orden de 2013, por la que se aprueba definitivamente una adaptación al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el ámbito del Plan Especial de Áreas Históricas y otras zonas de Segovia. Esa adaptación se plasmó en el documento denominado DALS, por el que varios inmuebles pierden el grado de protección integral que anteriormente tenían el máximo reconocido por la normativa urbanística anterior. Al carecer de ese grado de protección, desaparece también la exención fiscal.
Sin embargo, AVRAS sostiene que, al menos en este momento del proceso, la decisión que se ha comunicado a los propietarios es improcedente, ya que el documento de las DALS establece que “el presente Plan General autoriza al Plan Especial de Áreas Históricas (PEAHIS) para que concrete y complete los elementos catalogados y su grado de protección”.
Para la asociación de vecinos el instrumento para asignar el grado de protección que corresponde a cada edificación no es otro que el PEAHIS, un plan cuya tramitación no ha concluido, ya que todavía está pendiente su aprobación inicial, al que seguirán periodos de información pública y presentación de alegaciones, de revisión y autorización por parte de la Junta de Castilla y León y, por último, la aprobación definitiva por parte del pleno del Ayuntamiento de Segovia.
AVRAS señala que para los vecinos es díficil aceptar que no se trata de una medida con afán recaudatorio, “por encima del interés y la capacidad económica de los ciudadanos, e incluso por encima de la adecuada protección de los inmuebles”.
Afirma, igualmente, que “es difícil entender cómo se puede conciliar la aplicación de insoportables cargas fiscales en edificios sometidos a una rigurosísima normativa de conservación con la supuesta voluntad de mantener vivo y habitable el casco y las áreas históricas, como con frecuencia afirman los responsables municipales”.
