Las comunidades autónomas y entidades locales gastaron en servicios sociales entre 2011 y 2013 2.212 millones de euros menos en términos absolutos, según el ‘Índice DEC 2014’, de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que analiza de manera cuantitativa los derechos y decisiones políticas, la relevancia económica y la cobertura.
La principal conclusión de este informe es, según sus autores, que los servicios sociales en España están en “acusado proceso de deterioro” siendo “más necesarios que nunca ante la crítica situación que viven cientos de miles de familias empobrecidas” a consecuencia de la crisis económica. Advierten de que desde 2011 el gasto anual por habitante en el conjunto del Estado ha pasado de 354 euros a 306,9 euros por habitante, una reducción del 13,3 por ciento.
Por encima de la media estatal, las comunidades que más redujeron su gasto en servicios sociales en términos absolutos (euros por habitante y año) y relativos son Castilla-La Mancha (-144,8 euros, un 28,1% menos), seguida de Navarra (-124 euros, un 23,% menos), Murcia (-47,1 euros, un 17,6% menos y Extremadura (-68,4 euros, un 15,3% menos). “La reducción no es consecuencia de un empobrecimiento de la sociedad española, sino fruto de una menor capacidad o interés de las administraciones públicas para recaudar y distribuir la riqueza a través de políticas sociales dirigidas a las personas y familias más necesitadas”, alertan. Asimismo, el informe pone de manifiesto que el porcentaje de PIB que se dedica a los servicios sociales pasó del 1,6% en 2013 al 1,4%. El porcentaje de gasto que las administraciones dedican a este ámbito sobre el total del gasto público pasó del 8,1% en 2011 al 7,7% en 2013).
Recortan el doble
Sin embargo, existen diferencias entre este recorte del gasto en servicios sociales de las comunidades autónomas entre 2011 y 2013 y las corporaciones locales, siendo el de las segundas (20,8%) casi el doble que el de las primeras (10,5%) algo que, según el documento, “pone de manifiesto que el deterioro es mayor en los servicios básicos de proximidad”, cuyo futuro está “amenazado” por la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local.
La reducción del gasto en 2.212 millones de euros entre 2011 y 2013 afecta, según los autores, a la oferta de servicios y prestaciones del Sistema de Atención a las Personas con Dependencia, que no sólo se nutre de las aportaciones de las comunidades autónomas y ayuntamientos sino también de la Administración central, donde la “reducción del gasto es más importante aún”.
La “expresión más nítida” de esta situación, aseguran, es la “contención” del número de beneficiarios dependientes desde julio de 2012 y la caída por primera vez de los mismos en 2014, que vincula al descenso de prestaciones en el ámbito familiar, los servicios de atenciones domiciliares y la teleasistencia. Los servicios residenciales y en centros de día aumentan, pero en cantidades menos importantes.
Para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes, un dato “desalentador” es que en los dos últimos años no se ha aprobado ninguna Ley de servicios sociales, ni catálogo ni plan estratégico, excepto en Andalucía, País Vasco y Castilla y León.
El informe señala que, tras aplicar el ‘índice DEC’, sólo el País Vasco presenta un nivel de desarrollo ‘medio-alto’ de sus servicios sociales, mientras que siete alcanzan un nivel ‘medio-bajo’: Navarra, La Rioja, Asturias, Cataluña, Cantabria y Castilla-La Mancha. Tres comunidades tienen una calificación de ‘débil’, como Aragón Extremadura y Baleares. En el resto el desarrollo de los servicios sociales se califica de ‘irrelevante’.
DIFERENCIAS EN EL GASTO
El ‘índice DEC’ pone en evidencia las cifras tan dispares que se dan entre comunidades autónomas en cuanto al desarrollo de sus servicios sociales. Como ejemplo, hay un trabajador de plantilla en los servicios básicos municipales en Navarra por cada 720 habitantes, frente a un trabajador por cada 7.916 habitantes en la Comunidad de Madrid.
Otras diferencias se reflejan en que, por ejemplo, el 2,5% de la población en La Rioja recibe prestaciones o servicios del Sistema de Dependencia frente al 0,5% de Canarias; o que en el País Vasco se beneficien de las rentas mínimas de inserción una de cada 16,9 personas y en Castilla-La Mancha una de cada 355,8 personas.
Según el documento, estas diferencias tienen su origen en el gasto que las administraciones públicas realizan en cada territorio: en el País Vasco asciende a 541,2 euros por habitante mientras que en la Comunidad valenciana es de 196,1 euros; el Gobierno de Asturias financia el 47,5% del gasto de las entidades locales en servicios sociales frente al 8,05% del Gobierno de Aragón.
