Citar a Montesquieu y Sarkozy en un pleno municipal no es común. Y menos para hablar de municipalismo. El Gobierno municipal (PSOE) logró ayer que el pleno, con el apoyo de IU y la abstención del PP, aprobara tres mociones en las que subyace un firme alegato en defensa de la autonomía municipal y en contra de la ‘intromisión intolerable’ que, a juicio de los socialistas, intenta ejercer el Gobierno de la Nación y la Junta de Castilla y León en la gestión de los ayuntamientos.
La cámara aprobó una moción en contra de la subida del IBI ordenada por el Gobierno Rajoy y una más para pedir al Ejecutivo que excluya a los funcionarios de la administración local de la ampliación de jornada de 35 a 37 horas y media semanales—ambas incluidas en el Real decreto-ley 20/2011—. Y una más para que la Junta desista de crear un nuevo impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos que, según los socialistas, podría repercutir en un incremento de la tasa de basura. Estas decisiones acordadas en administraciones superiores suponen “una ingerencia” en la autonomía municipal, según Arahuetes. “Tenemos que defender la administración local, porque como permitamos la invasión [de competencias] al final seremos meros ejecutores de las políticas de otros” y “yo —añadió— me niego a que seamos [los ayuntamientos] meras marionetas del gobierno de turno”.
En primer lugar, el pleno acordó instar al Gobierno que derogue la subida ‘transitoria’ del IBI (2012 y 2013), que en el caso de Segovia supondrá un incremento adicional de los recibos en un 4%, afectará a los inmuebles con valor catastral superior a los 95.000 euros; esto es, a 32.472 contribuyentes, y reportará unos ingresos añadidos a las arcas municipales por importe de 399.573,66 euros. A juicio del concejal de Hacienda, Alfonso Reguera, esta subida suponía una “intromisión intolerable a la autonomía financiera”; además de ser “injusta” dado que iba a penalizar también a los ciudadanos de aquellos ayuntamientos, como el de Segovia, “que han mantenido criterios de estabilidad presupuestaria y reducción del déficit público”.
Con ironía replicó el viceportavoz del PP, Juan Antonio Folgado — “bienvenidos al club de la moderación fiscal”, dijo—, al tiempo que subrayó que para 2012 el incremento del IBI por decisión municipal se elevaría, según sus cálculos, al 8%, lejos del 3% (IPC) prometido por los socialistas. Con el incremento ordenado por el Gobierno Rajoy, los recibos se elevarán al 12%, aunque “dos terceras partes por la política fiscal del Ayuntamiento”, dijo Folgado. El popular justificó la medida del Gobierno del PP en “garantizar la situación financiera de las corporaciones locales para no poner en peligro la reducción del déficit público en España”. También insinuó que este debate era estéril dado que el Gobierno tenía las competencias, en virtud de la Constitución, de planificación de los tributos, por lo que aconsejó a los socialistas que olvidasen la “utopía” de frenar la medida. Por último, Folgado insinuó que si el Gobierno municipal hubiera continuado aplicando “retoques” al impuesto y una política fiscal “adecuada” en lugar de la “voracidad recaudatoria”, el impacto de la medida del Gobierno sobre el recibo del IBI hubiera sido menor.
“Se quiere que el déficit de las Comunidades Autónomas se enjugue con los ayuntamientos (…) limita en dos años la autonomía municipal sobre el impuesto”, respondió Reguera.
Arahuetes, que fuera presidente de la Comisión de Hacienda de la FEMP, apuntó que la subida del IBI se había decretado sin consultar a los municipios, ni medir sus consecuencias y sin buscar el consenso de la FEMP. “Invaden nuestra competencia, nuestra autonomía fiscal y como administración pública”, dijo el alcalde, quien añadió: “Si a partir de ahora el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma me dice lo que tengo que hacer, me voy ¿Pará que estamos los 25 concejales?. Para ejecutar políticas de las Comunidades Autónomas y del Gobiernos, que pongan entonces a una docena de funcionarios”, subrayó.
Precisamente, los funcionarios fueron los protagonistas de la segunda moción en la que los socialistas volvieron a denunciar la “invasión” de competencias municipales por parte del Gobierno Rajoy—la ampliación de jornada de 35 a 37 horas y media a la semana—. Con el apoyo de IU, el PSOE sacó adelante la moción para pedir que los empleados de la administración local quedasen “excluídos” de la ampliación de jornada. Delgado (PSOE) recordó que el alcalde había decretado la medida por ‘imperativo legal’ y en contra de su voluntad.
El portavoz popular, Jesús Postigo, insinuó que el PP no tenía más remedio que adoptar la medida por el “nefasto legado” de los socialistas. “Me encantaría que los funcionarios no trabajasen ni un minuto más (…) pero todos sabemos que el Real Decreto hay que cumplirlo”, advirtió Postigo que tildó la moción de “demagógica”. “Si lo recurren los sindicatos, pero luego lo ratifica el TSJ, tendrían que trabajar dos tardes en lugar de una para completar el cómputo global (…) lo mejor sería añadir un margen de media hora al principio y otra al final”, propusó el dirigente popular.
Arahuetes tomó la palabra para cerrar el debate. “Nos dicen que no contratemos, que no cubramos bajas y ahora que aumentemos la jornada de nuestros empleados (..) por lo menos que sepan con esta moción que el Ayuntamiento de Segovia no está de acuerdo, es una ingerencia a la autonomía municipal y perjudicará el empleo”, recalcó.
La última moción del PSOE, también aprobada con el apoyo de IU y la abstención del PP, se traducirá en la petición del Ayuntamiento a la Junta para que desista a crear un impuesto sobre eliminación de residuos en vertededos. “Obligará al Ayuntamiento a crear un impuesto concreto o subir la tasa de basura, al final repercute en los ciudadanos, es un ataque directo a la autonomía municipal, la Junta solo busca recaudar”, dijo la edil de Medio Ambiente. “El único contribuyente en este caso es la administración local, no hagan demagogia”, replicó Barrios (PP).
