El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que desde el año 2002 está integrado por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española, además de las Comunidades Autónomas que tienen trasferidas las competencias de Justicia, ha publicado esta semana las estadísticas sobre violencia de género en los órganos judiciales durante el tercer trimestre de 2013. A diferencia de lo ocurrido en el conjunto de España, donde se han reducido más de un 2 por ciento las denuncias por agresiones machistas que llegaron a los juzgados en ese periodo, en el caso de la provincia de Segovia se ha registrado un repunte, alcanzándose la cifra de 77 denuncias, frente a 54 del tercer trimestre de 2012.
Sin embargo, en el cómputo anual, hasta el 30 de septiembre de 2013 sí hubo ocho denuncias menos, al producirse un total de 165 frente a las 173 del año anterior. Por el contrario, han aumentado las órdenes y medidas de protección a las víctimas adoptadas por los juzgados.
En este sentido, las órdenes de protección ascendieron a 46 el año pasado, tres más que en el mismo periodo de 2012 y a falta del último trimestre.
En cuanto al movimiento de asuntos en los tribunales provinciales relacionados con la violencia de género, destacan los relacionados con presuntos delitos, un total de 154 en el citado tramo del año pasado, cifra también inferior a la de 2012, cuando fueron 176.
En este caso la mayoría de los delitos denunciados son lesiones o malos tratos del artículo 153 del Código Penal —que prevé un castigo mínimo de pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de 31 a 80 días—.
En muy menor medida se producen denuncias por lesiones o malos tratos de mayor gravedad, del artículo 173 —que también prevé penas de hasta tres años de prisión—. Menos habituales todavía son las denuncias por delitos contra la libertad o contra la libertad e indemnidad sexuales, aunque estas últimas reaparecieron en 2013, cuando en 2012 no se había registrado ninguna.
Al igual que ha ocurrido con las órdenes de protección, los juzgados de la provincia adoptaron también mayor número de medidas de protección el año pasado, sobre todo en el orden penal. En este caso sobresalen las medidas de alejamiento de la víctima para el denunciado, así como la prohibición de comunicación con ella. En menor proporción se producen otras como la salida del domicilio común, prohibiciones de regresar al lugar de la comisión del delito o la suspensión de la tenencia o uso de armas. En un caso se ordenó el ingreso en prisión del presunto agresor.
Llama la atención que la denunciante es en la provincia de Segovia mayoritariamente una mujer española, mayor de edad y de un entorno urbano, aunque también hay menores segovianas víctimas de violencia de género. Además, la relación más habitual con el denunciado fue en 2013 la de ex compañero sentimental o compañero sentimental. La denuncia se produce generalmente por atestado policial, con el beneplácito de la víctima, aunque está aumentado el número de las realizadas directamente por la policía y, a continuación, debido a partes de lesiones o denuncias de familiares. El perfil del agresor es también mayoritariamente el de varón español y mayor de edad.
