Atilano Soto y Manuel Agudíez, expresidente y exvicepresidente de Caja Segovia, abrieron ayer el turno de declaraciones en el Juzgado número 2, que investiga las retribuciones millonarias a exdirectivos de la entidad. Ambos, que no hicieron declaraciones a los medios por consejo del despacho de abogados que les representa, mantuvieron que en sus actuaciones cumplieron las leyes estrictamente.
Así lo afirmó a la salida del juzgado Luis Rodríguez Ramos, el letrado que defiende tanto a Soto —que llegó a ser presidente de la Diputación Provincial con el Partido Popular— como a Agudíez —exsenador socialista—.
Los dos declararon como imputados ante el juez Jesús Marina Reig a instancias de la Fiscalía, que el 31 de octubre solicitó la toma de declaración en un primer lugar de los tres integrantes del Consejo de Administración de Caja Segovia que formaban el Comité de Retribuciones: Soto, que lo presidía; Agudíez, vocal y Elena García Gil, que ejercía de secretaria; además del exdirector general, Manuel Escribano y el exsecretario general, Antonio Tapias.
Tras finalizar su declaración, durante aproximadamente dos horas, Soto únicamente bromeó con los periodistas — “hola, hola, caracola”, llegó a decir— y a las preguntas de si estaba tranquilo y había podido aclarar todas las cuestiones, se limitó a asentir.
Agudíez, visiblemente tenso, fuera de los micrófonos, llegó a calificó el procedimiento de “esperpento” y “montaje de UPyD”.
Por su parte, el defensor insistió en que “aquí no hay nada de nada”. Para Rodríguez Ramos los responsables del Comité de Retribuciones y del Consejo de Administración de la Caja cumplieron la ley estrictamente, así como los reglamentos y los protocolos de la propia entidad a la hora de fijar las retribuciones a los directivos.
“Se han seguido esas pautas minuciosamente y con vigilancia de órganos internos y externos”, añadía. Así, indicaba pasos como la aprobación por parte del Comité de Auditoría, una auditoría externa anual y la supervisión del Banco de España y de la Junta de Castilla y León, entre otras entidades.
La defensa de ambos imputados sostuvo que no ha habido ocultación y Soto, Agudíez y el resto de imputados no actuaron en la clandestinidad: “Todo se ha hecho con luz y taquígrafos, sin ningún tipo de reserva”, afirmó, al tiempo que recalcaba que los acuerdos adoptados en el seno de Caja Segovia son “perfectamente homologables o muy inferiores en cuantía a los de otras entidades de crédito”.
Rodríguez Ramos reconoció que las cantidades investigadas pueden generar sorpresa o envidia pero “hoy por hoy esto está dentro del mercado y dentro de la legislación y no puede decirse en absoluto que estas personas hayan cometido algún ilícito penal”.
Andrés Herzog, abogado de UPyD (la formación magenta presentó una denuncia en su momento) mantuvo que, aunque los exresponsables de Caja Segovia insistieron en que ésta era una de las mejores cajas y tenía beneficios cuando se integró en Bankia, ni Soto ni Agudíez “han sabido responder a una pregunta que ha hecho la fiscal, cuál era el beneficio que tenía todo el plan de retribuciones para la Caja”. Según este letrado apelaron a la responsabilidad.
UPyD mantiene que hay indicios de un delito de administración desleal y, posiblemente, otro de apropiación indebida, que deberá investigarse a lo largo del procedimiento. Herzog explicó que, en su opinión, “los directivos de la Caja, sabiendo que se les acababa el chollo, en vez de velar por los intereses de la propia Caja, velaron por los suyos personales. En un momento en el que sabían que su actividad iba a desaparecer o a verse muy disminuida, aceleraron el plan de prejubilaciones hasta otorgarse cantidades totalmente fuera de lugar en una Caja que, hay que recordar, lo ha perdido todo”.
Este abogado se mostró sorprendido por el hecho de que Soto declarase ante el juez que su cargo era prácticamente honorífico y no tenía conocimiento detallado de todo. Sí reconoció el expresidente de Caja Segovia, según él, que cuando se modificó por primera vez el plan de prejubilaciones, en 2008, ya se sabía que terminaría integrándose en una entidad superior.
