El Almacén Temporal Centralizado (de residuos radiactivos de alta actividad) afronta el tramo final para seleccionar su emplazamiento inmerso en el mismo debate con el que comenzaron las deliberaciones: si se trata de una instalación industrial de vanguardia o de un «cementerio nuclear».
Avalado por el Parlamento, el Gobierno, los principales partidos y los organismos o empresas competentes en la materia (el Consejo de Seguridad Nuclear o la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos), el ATC se ha visto además inmerso en la confrontación política, amplificada durante los últimos días a causa de la finalización del plazo para presentarse como candidatos.
Los principales partidos políticos respaldan la del ATC como la solución más segura para gestionar los residuos radiactivos, pero algunos de sus dirigentes, del PP y del PSOE, advierten de que no la quieren en su comunidad.
La industria nuclear considera también que se trata de la mejor solución para la gestión temporal del combustible gastado en las centrales nucleares y advierte además de que es la opción elegida por la mayoría de los países con centrales nucleares para almacenar y gestionar los residuos de alta actividad que genera su actividad. Para las organizaciones ecologistas y las diferentes plataformas ciudadanas que se han constituido contra esta instalación, se trata sin embargo de un «cementerio» donde reposarán los residuos más peligrosos durante decenas de años.
Ese «cementerio» condicionará el desarrollo económico de un territorio mucho mayor que el del municipio donde se instale, según mantienen estos colectivos, y consideran por lo tanto que la decisión no puede depender de que una corporación quiera acogerlo. Quienes lo avalan mantienen que la urgencia de construir un almacén de estas características reside en que algunas de las «piscinas» en las que en la actualidad se acumulan los residuos de las centrales nucleares están ya saturadas, y otras lo estarán en los próximos años (en 2013 la de Cofrentes y la de Ascó 1, y en 2014 la de Trillo).
Justifican también esa urgencia en que a partir de 2011 España deberá abonar a Francia unos 60.000 euros diarios por el almacenaje de los residuos radiactivos que tiene allí depositados.
