DKV Seguros es la última aseguradora que ha decidido, la semana pasada, no acudir a la segunda licitación aprobada por el Gobierno para cubrir la sanidad de los funcionarios en los próximos dos años. Decisión que se suma a la ya tomada por la otra aseguradora Adeslas hace quince días y que deja a Asisa como única compañía que se sigue en la carrera por absorber los mutualistas públicos.
Cabe recordar que Muface ya lanzó una primera licitación en la que la administración fijó una subida de la prima del 17,1% para 2025 Y 2026, cifra que las aseguradoras tacharon de insuficiente para hacer frente a las pérdidas que provoca esta cobertura, por lo que el concurso quedo desierto al no presentar candidaturas ninguna compañía.
De esta manera el escenario que se presenta para los funcionarios y familiares es de incertidumbre al no tener seguridad de cómo se resolverá la situación ya que el plazo fijado para presentarse a esta nueva licitación expira el 27 de enero.
Castilla y León
La Comunidad contaba a finales del año pasado, según fuentes de Muface, con un total de 110.136 usuarios, de los que 57.882 correspondían a los que atendían las tres compañías aseguradoras que prestaban el servicio por el vigente concierto (Adeslas, Asisa y DKV) mientras que otras 33.454 personas optaban por la sanidad pública, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Con este escenario y conociendo que en la actualidad Asisa atiende a uno de cada cuatro asegurados de Muface de Castilla y León, en concreto 18.800, la compañía debería absorber a los casi 58.000 beneficiarios que, hasta ahora, se repartían entre Adeslas (39.911) y DKV (17.971). De esta manera la aseguradora, que previsiblemente se quedará en solitario con el nuevo concierto de la mutualidad con una vigencia de tres años, ha prestado, hasta hora, la atención sanitaria al 24,5 por ciento de los funcionarios que opta por el sistema privado en Castilla y León.
Provincias
Entre provincias las diferencias son importantes, ya que la cobertura de Asisa en Soria alcanza el 69,2 por ciento de los mutualistas con seguro privado, seguida, de lejos, por el porcentaje de León (39,1 por ciento), Palencia (33,1 por ciento) y Segovia (32 por ciento). El resto está por debajo de la media autonómica como Zamora (26,2 por ciento) y Ávila (22,1 por ciento). La aseguradora deberá asumir un elevado número de nuevos mutualistas en Valladolid, donde en la actualidad solo cubre al 18,6 por ciento de los funcionarios con seguro privado; Burgos (11,3 por ciento) y Salamanca (nueve por ciento).
En cuanto a las cifras absolutas, Asisa deberá asumir, en el caso de que los funcionarios o jubilados y sus familiares continúen con la sanidad privada, a un total de 12.577 usuarios en la provincia vallisoletana, 10.892 en Ávila y 10.275 personas en Salamanca. A continuación, aparecen León (7.721), Burgos (5.644), Zamora (3.559), Segovia (3.134), Palencia (2.918) y Soria (1.162). Son los beneficiarios que en el último concierto han estado cubiertos por las aseguradoras Adeslas y DKV y que, con el nuevo contrato, al igual que el resto de los mutualistas deberá decidir si continúan en la sanidad privada u optan por el Servicio Regional de Salud de la Comunidad (Sacyl).
Atención primaria
Tras la negativa de Adelas y DKV, Asisa es la única que mantiene su deseo de hacerse con la asistencia a los mutualistas, aunque continúa con el análisis de los pliegos de condiciones. Unos pliegos que, según publicó Muface, tienen su incidencia en Castilla y León, una comunidad con muchos núcleos de población y de escasa población. La entidad o entidades que se presenten al concierto deberán prestar servicios sanitarios de asistencia primaria en municipios de hasta 20.000 habitantes en los que la aseguradora no disponga de medios propios o concertados suficientes, además de servicios de urgencias en estos lugares, a través de la Atención Primaria.
En cuanto a la disponibilidad de medios de Atención Primaria, todos los municipios dispondrán de Atención Primaria, que comprenderá la asistencia sanitaria a nivel ambulatorio, domiciliario y de urgencia a cargo del médico general o de familia, pediatra, diplomado en enfermería, matrona, fisioterapeuta, odontólogo y podólogo. Además, los municipios a partir de 5.000 habitantes dispondrán de pediatra y los de más de 10.000 habitantes contarán, además, de fisioterapeuta y odontoestomatólogo. Las localidades de más de 20.000 habitantes, en los que residan más de 500 beneficiarios de Muface, deberán contar, además, de un podólogo y una matrona, incrementándose el número de profesionales en función del número de beneficiarios. Por último, las ciudades de más de 100.000 habitantes deben contar con servicios de Atención Primaria en todos los distritos y en las capitales de provincia, habrá tres puntos de atención diferentes. En caso de que la compañía no disponga de los medios propios o concertados, tendrá que garantizar la asistencia de “igual forma” y pagar por los servicios al proveedor de turno, que incluso puede ser la sanidad pública.
CSIF reclama una solución clara al problema
La Central sindical, a través de su presidente, ha instado al Gobierno para que se preocupe más ante la posible incorporación de pacientes al servicio público sanitario de Castilla y León
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Castilla y León (CSIF) reclamó esta semana al Gobierno central una solución al problema de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ante la posibilidad de que miles de personas tengan que incorporarse al Sistema Nacional de Salud.
En declaraciones, durante su visita al Bierzo, el presidente de CSIF en Castilla y León, Benjamín Castro, recordó que a pesar de la nueva licitación, las compañías aseguradoras “no quieren licitar. Nos inquieta y nos preocupa la inacción del Gobierno, se lo tiene que tomar en serio y no se puede jugar con la salud de millones de personas, que en Castilla y León son cerca de 200.000”, explicó a las puertas del Hospital del Bierzo.
Castro afirmó que están dispuestos a acudir a la justicia “si es necesario” y recordó que han puesto a disposición de los mutualistas borradores para reclamar ante las aseguradoras. “Pedimos al presidente del Gobierno que intervenga y pedimos transparencia. Además, no se ha convocado el Consejo General de Muface, que debe convocarse”, añadió.
En cuanto a la Junta de Castilla y León, el presidente autonómico de CSIF mostró su preocupación por la “desidia y desinterés” del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ante la posible incorporación de los mutualistas a Sacyl. “Es un sistema ya tensionado, colapsado en algunos ámbitos, y supondría que una provincia entera, como la de León, entre en el Sacyl, lo que supondrá un colapso absoluto con un incremento de listas de espera de más de un 200 por cien”, vaticinó.
Y es que Castro lamentó que la edad media de los funcionarios es elevada y, por tanto, sufren ya muchas patologías. “Los funcionarios somos un reflejo de la sociedad y la edad media en Castilla y León es la que es y las patologías son las que son por esa edad avanzada. Debiera preocuparle más y exigir medidas”, dijo al consejero de Sanidad.
