El Gobierno de Argentina remitió ayer al Parlamento una norma en la que declara «de utilidad pública y sujeto a expropiación» el 51% del capital de YPF, filial de Repsol, según anunció la presidenta del país andino, Cristina Fernández de Kirchner, que añadió que «YPF es de todos». La noticia resultó una sorpresa incluso para el Gobierno español que, tras una reunión de urgencia, anunció que «está trabajando en las contundentes medidas que se tomarán contra esta decisión», según explicó el ministro de Industria, José Manuel Soria. Mientras, la Unión Europea expresó su «apoyo» a España.
El título tres de la nueva norma del país latinoamericano, que consta de 19 artículos, alude a la «recuperación del control de YPF» y a la «expropiación» de la empresa, participada en la actualidad en un 57% por Repsol. Dentro del porcentaje que pasará a manos argentinas, equivalente al 51% de la empresa, el Estado central asumirá a su vez un 51% y las provincias un 49%, de modo que el Gobierno tendrá un 26,01% del capital final y las provincias, el 24,99%.
Como parte del proceso de nacionalización, el Tribunal argentino de Tasaciones deberá determinar el precio que pagará el Estado por la compañía. Una vez asumido el control de la empresa por parte del país, la transferencia de las acciones solo podrá realizarse mediante la «autorización honorable» del Congreso de la Nación.
El proceso de nacionalización se activará al día siguiente de la aprobación de la norma cuando, además, se destituirá a los actuales directivos de la filial de Repsol.
La presidenta de la nación hizo hincapié, en un discurso televisado, en que Argentina « el único país de América y casi del mundo que no maneja sus recursos naturales», por lo que el país ha acabado convirtiéndose en «importador neto» de gas y petróleo. Asimismo, Fernández de Kirchner puntualizó que «el modelo no es de estatización, sino de recuperación de la soberanía y control de un instrumento fundamental».
El anuncio de la expropiación de la petrolera obligó al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, a convocar una reunión de urgencia a la que convocó a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, y al titular de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, los departamentos afectados más directamente por el asunto.
Tras la cita, el titular de Exteriores advirtió de que la «arbitraria» expropiación de la filial de Repsol, «rompe el clima de cordialidad y amistad» que tradicionalmente han unido a España y Argentina y reiteró la «enérgica» condenado del Ejecutivo nacional. Mientras, el popular canario avanzó que el Gabinete prepara ya una «contundente» respuesta a la medida tomada por Fernández de Kirchner y expresó su deseo de que «esta decisión no sea el inicio de una escalada» contra otras compañías nacionales».
Por otra parte, tras el anuncio, la cotización de las acciones de la petrolera en la Bolsa de Buenos Aires fue suspendida, cuando perdían un 2,44%. Mientras, los valores de Repsol que cotizan en Nueva York se desplomaban en torno a un 15%.
En el ‘top ten’.- La inversión española en Argentina alcanzó los 11.580 millones de euros en 2011, siendo el país andino el sexto destino latinoamericano de flujo de inversión bruta nacional el pasado año, según datos del Ministerio de Economía y Competitividad.
Sin tener en cuenta las operaciones hechas a través de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), el negocio con capital patrio en Argentina disminuyó un 38,5% el pasado año, ya que el flujo bruto alcanzó los 18.851 millones de euros en 2010.
Argentina siempre ha ocupado un puesto destacado como destino de la inversión española. Así, un informe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada del país en Buenos Aires, recoge que en 2009 el 28% de los gastos empresariales extranjeros en el país andino eran españolas.
Además, el estudio señala a la nación como el principal país inversor en el sector petrolífero, con una participación del 41% en dicho año, a la vez que remarca la importancia del capital patrio en sectores como las telecomunicaciones, los metales comunes, la industria química, la alimentaria y los servicios financieros.
Estos datos son los que baraja el Ejecutivo de Rajoy, temeroso de que una respuesta severa, como merece en su opinión la expropiación, ponga en grave riesgo las inversiones españolas en el país andino que ha abierto el mayor contencioso en las relaciones entre ambos Estados.
