El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decretó el archivo provisional de la causa que seguía contra ocho antiguos directivos de Caja España y Caja Duero por la emisión y comercialización de deuda subordinada y participaciones preferentes durante 2009 y 2010 al no aparecer “debidamente justificada” la perpetración de delitos de estafa, publicidad engañosa, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.
El magistrado dictó este auto después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara el sobreseimiento cautelar de la causa, que fue reabierta después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal admitiera el pasado julio el recurso de la Unión de Consumidores de Castilla y León contra la decisión inicial del juez de desestimar su querella.
La asociación de consumidores se querelló contra ambas entidades y su resultante integración en Banco Ceiss. En concreto, se dirigió contra los entonces presidentes de Caja España, Santos Llamas, y Caja Duero, Julio Hermoso; los directores generales, Javier Ajenjo y Lucas Hernández; el antiguo director financiero de Caja España Antonio Fernández Fernández; su homólogo en Caja Duero Arturo Jiménez; el ex director comercial de Caja España Óscar Fernández Huerga y quien ocupara el cargo de director comercial en Caja Duero.
En su auto, Velasco argumenta que la querella “se construye sobre inexactitudes” y explica que la emisión de los productos híbridos contó con el visto bueno del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y no se concibió con el objeto de obtener financiación, pues la “solvencia de ambas entidades era la adecuada”.
En este sentido, señala que los trípticos informativos “no tenían poca, difícil de entender ni irrelevante información” para los clientes minoristas y añade que el folleto, aprobado por la CNMV, contaba con una información “profunda y completa”. “Contaban en ellos sus características y riesgos principales: perpetuidad, liquidez y rangos de proceder a disolverse la entidad”, agrega.
Por último, calificó de “incierto” que la coyuntura económica provocara una alta probabilidad de que las entidades no fueran capaces de producir beneficios y generar dividendos a los preferentistas y tenedores de deuda subordinada como “corrobora” el hecho de que se repartieron de 2009 hasta 2012.
