El alcalde, Pedro Arahuetes, afirmó ayer que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL) de Castilla y León, que cifra en 5,8 millones el coste de expropiación del talud de Padre Claret, es «herencia» de los años de «desgobierno» del PP en el Ayuntamiento de Segovia. En este sentido, el regidor acusó al actual portavoz de los populares, Jesús Postigo, de «falsear» la información en relación a este litigio «del que su partido es el único responsable».
Con independencia de que el PP, según reiteró, «es el causante» del conflicto, Arahuetes, en declaraciones a EL ADELANTADO, subrayó que gracias a la gestión del Gobierno municipal socialista este conflicto (con los propietarios de la ladera de Padre Claret, la familia López-Parras) «no supondrá quebranto económico» al Ayuntamiento.
Arahuetes razonó que el pago de la expropiación millonaria solo se producirá si el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación contra la sentencia del TSJCyL que presentó el Gobierno municipal. Incluso si el Supremo ratificara el pago de 5,8 millones a la propiedad, añadió el alcalde, el Ayuntamiento no sufrirá un quebranto económico, en tanto que, según recoge el Plan General (PGOU) de 2008, la obtención municipal del talud de Padre Claret supondrá además la incorporación al patrimonio municipal de parcelas en el paraje de la Peladera, entre Madrona y Hontoria, terrenos que el planeamiento urbanístico reservaba a la familia López-Parras en caso de que hubieran aceptado la cesión de la ladera de Padre Claret.
Las manifestaciones de Arahuetes se producen como respuesta a la conferencia de prensa que ofreció Postigo para «desvelar» el auto del TSJCyL que ordena la ejecución provisional de la sentencia, dictada por el mismo tribunal, en octubre de 2012 y que ordenaba el pago de 5,8 millones por la expropiación del talud de Padre Claret. De esta sentencia ya informó el alcalde hace seis meses, anunciando el recurso ante el Supremo, que a fecha de hoy aún no se ha pronunciado.
Según explicó en su día el propio Arahuetes, el pago de esta cantidad millonaria se produciría en caso de que prospere ante el Tribunal Supremo la demanda de expropiación forzosa del talud de Padre Claret que reclamaron en su día los propietarios y desestime, al mismo tiempo, la propuesta del Ayuntamiento, recogida en el PGOU, de obtener la titularidad pública de la parcela, de 5.250 metros cuadrados, a cambio de ceder edificabilidad en el paraje de la Peladera.
El PGOU de 1984 calificaba la finca, donde no puede edificarse, por la gran pendiente del terreno y porque la zona está amparada por los decretos de protección de vistas, como de titularidad pública. Sin embargo, cuando se proyectó la construcción del parking de Padre Claret y las obras hicieron necesaria la ocupación de la parcela, para la entrada de maquinaria y acopio de materiales, los propietarios se percataron del «error» en el planeamiento urbanístico, alegaron ser sus dueños, e instaron al Ayuntamiento a que iniciara un expediente de expropiación forzosa. El Ayuntamiento obvió la reclamación de la propiedad y pudo hacer uso del talud con la fórmula de la ocupación provisional, por lo que pagó una cantidad a los propietarios, a modo de arrendamiento. «No tuvimos que expropiar la finca para hacer el aparcamiento, lo que dice el portavoz del PP es falso», recalcó ayer Arahuetes.
Cuando la propiedad reclamó la ‘expropiación forzosa’, el Ayuntamiento ya había enmendado el ‘error’ del PGOU de 1984 y del Plan Especial de El Salvador de 1991, que catalogaba los terrenos como si estuvieran ya obtenidos e incorporados al dominio público. Es en 1999 cuando se asignan a esos terrenos los usos previstos para ese Plan Especial: «los propios de un espacio abierto de uso público».
Lo cierto es que el Ayuntamiento también se había percatado del error y en el nuevo PGOU, que fue aprobado en 2008, calificó la finca como un sistema general -un terreno necesario para la ciudad- , planteando que pasaría a titularidad municipal a través de la firma de un convenio urbanístico. En concreto, el PGOU contempla obtener la finca a cambio de entregar a la propiedad la presunta edificabilidad de la finca (0,4 por metro cuadrado) en otros terrenos municipales situados en el entorno de la Peladera. Los propietarios desecharon esta «permuta» de terrenos y desde el principio solicitaron que les fuera expropiada.
Si el Supremo estima la demanda de expropiación forzosa que reclamaron los propietarios, el Ayuntamiento deberá abonar la cantidad que fije el alto tribunal, aunque, al mismo tiempo, obtendrá la propiedad del talud y de las parcelas del entorno de La Peladera.
Vigente ya el PGOU de 2008, tras la aprobación y publicación del DALS, el Ayuntamiento, según explicaron fuentes municipales, dispondrá de una parcela de espacios libres públicos de en torno a 9.000 metros cuadrados que integrará en la red municipal de estos espacios, evitando ya siempre la presión y «tentación» de que sea una parcela edificable en el entorno del Acueducto, cumpliendo así los dictados y compromisos de la ciudad con su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial de UNESCO. Asimismo, el Ayuntamiento también dispondrá de parcelas en el nuevo sector UZD-R-03-S, conocido como «La Peladera» (sito en la carretera de Hontoria), que nutren el patrimonio municipal del suelo y permitirán realizar políticas de vivienda de protección pública. Como nuevo propietario de suelo, el Ayuntamiento cuenta en el sector con una participación nueva del 3% en los aprovechamientos del sector.
