La junta de Gobierno local aprobó el pasado jueves un paquete de alegaciones contra el texto del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, impulsado por el Gobierno Rajoy. Las alegaciones, que serán ratificadas en el próximo pleno, serán presentadas para su análisis, el próximo mes de abril, en la próxima Comisión Nacional de Administración Local. Se trata de un amplio documento de alegaciones, de unos 30 folios, que plantea una nueva redacción, en la gran mayoría de sus artículos, del texto propuesto por el Ejecutivo, «con el que no estamos de acuerdo prácticamente en nada», según señaló el propio alcalde, Pedro Arahuetes.
Para el alcalde de Segovia «lo ideal» es que el Gobierno del PP retirase este anteproyecto e iniciara negociaciones con representantes políticos y de las Comunidades Autónomas. «Prácticamente nada se salva, no se libra ni el título y ésta es una opinión generalizada, incluso de miembros del PP y de destacados miembros de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias)», añadió Arahuetes.
La reforma de la administración local impulsada por el Gobierno Rajoy centró el pasado 28 de febrero uno de los debates más intensos en el pleno. La cámara aprobó dos mociones, de PSOE e IU, con el rechazo, en ambos casos del PP, para exigir al Gobierno la retirada de este Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Las alegaciones aprobadas por la junta de Gobierno serán sometidas a la ratificación del próximo pleno y se sitúan, según recalcó Arahuetes, en la misma posición crítica manifestado por la FEMP y la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP). El presidente de la FRMP, el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Niego, que presentó ocho alegaciones al Anteproyecto del Ejecutivo, con la abstención del PSOE, ha reconocido que las diputaciones no pueden prestar los servicios a los municipios y que la norma debe tener en cuenta «la peculiaridad territorial» de Castilla y León.
Las alegaciones «inciden en todo», dijo Arahuetes, quien apuntó que la propuesta no contempla la supresión de alcaldes, aunque sí plantea una regulación de los niveles máximos de sus emolumentos en función del número de habitantes. El equipo de Gobierno comparte que para un alcalde o un presidente de diputación de una población de más de 500.000 habitantes debe establecerse como máximo una retribución anual equiparable a un Secretario de Estado (entre 95.000 y 100.000 euros) Para ciudades como Segovia, con poblaciones entre 50.001 y 75.000 habitantes, las retribuciones del alcalde deberían ser como máximo el 65% del sueldo de un secretario de Estado (-35%). Sin embargo, no comparte el criterio de la FRMP, que ha pedido que los alcaldes de pueblos de menos de mil habitantes cobren unos 10.000 euros al año. A juicio del equipo de Gobierno no debe existir retribución para estos regidores.
«Nuestras alegaciones no se quedan en los sueldos, que parece que es lo único que preocupa a los alcaldes del PP«, afirmó Arahuetes, para quién lo más grave es que con esta reforma «el 90 y tantos por ciento de los ayuntamientos de Castilla y León se suprimirían, para asumir sus competencias las diputaciones». Arahuetes indicó que las diputaciones son «el órgano menos democrático, porque es el único que no es elegido por los ciudadanos sino por los partidos (…) alguien puede también cuestionar la elección de un alcalde, pues yo también abogo por la elección directa del alcalde», dijo.
Por último, Arahuetes recordó que el PP votó en contra en el pleno del 28 de febrero contra las mociones de PSOE e IU que pedían la retirada del texto. «Dijeron que era una reforma valiente y garantista de la administración municipal y ahora vemos como destacados dirigentes del PP, como el presidente Herrera, ya han manifestado su rechazo, espero que ahora el grupo popular se sume», añadió.
El PP estudia sus alegaciones
El grupo municipal del PP se ha manifestado «sorprendido» ante la decisión del Gobierno Municipal socialista de presentar alegaciones al Anteproyecto de Ley . Los populares subrayan, en un comunicado, que en el último pleno los socialistas pidieron, a través de una moción, la retirada del texto por parte del Gobierno de España y el alcalde se negó a la sugerencia de los populares de trabajar de manera conjunta los tres grupos políticos (PSOE, PP e IU) para hacer alegaciones conjuntas.
«Lo que queremos todos es lograr la mejor reforma de las entidades locales, que garantice la autonomía local y los derechos sociales», afirma el PP, que considera «una pena» que «habiéndose ofrecido el grupo municipal popular a trabajar de manera conjunta para preparar esas alegaciones hace tan sólo unas semanas, sea ahora cuando se hable de ello y se pida prácticamente lo mismo». El grupo que lidera Jesús Postigo desvela que también está trabajando en unas alegaciones, que se verán en el próximo pleno junto con el resto de alegaciones de los demás grupos.. Según el PP, en el año 2004 el señor Zapatero se comprometió a presentar un anteproyecto de modificación de la Ley de Bases de Régimen Local » y en ocho años no hizo nada». «En tan sólo un año, el Gobierno de España del PP ha presentado un Anteproyecto, que con todos sus defectos, es la base de trabajo de una reforma de las administraciones totalmente necesaria”.
