Como el toro bravo que se crece en el castigo, por acción del varilarguero, el alcalde, Pedro Arahuetes, se ha envalentonado al conocer la prohibición de su ‘consulta popular’ sobre el Palacio de Congresos. Lejos de amilanarse, el regidor ha planteado un nuevo desafío. Arahuetes ya avisó que si los tribunales tumbaban su iniciativa, el Gobierno municipal socialista buscaría otra fórmula para conocer la opinión de los segovianos sobre la infraestructura que proyectan la Junta y la Diputación en el complejo Segovia 21, la antigua finca de Quitapesares.
La insólita celeridad de la justicia para anular su iniciativa y la suma de esfuerzos para impugnar la consulta por parte de la Delegación del Gobierno, la Subdelegación, la Abogacía del Estado y el PP «me da alas, aunque no tomo Red Bull», dijo ayer Arahuetes, en conferencia de prensa.
Arahuetes ha decidido contraatacar y, ante la imposibilidad de recabar la opinión de los ciudadanos con «eficacia, rigor y transparencia» ha optado por sustituir la consulta popular por una campaña de recogida de firmas. En un nuevo decreto, el alcalde suspendió la convocatoria de la consulta popular (desautorizada por el Juzgado) y aprobó una recogida de firmas para que los ciudadanos puedan, de esta manera, instar a la Diputación y Provincial y a la Junta de Castilla y León «para que no financien con dinero público» la construcción del Palacio de Congresos de Segovia junto al campo de golf de «La Faisanera», en término de Palazuelos de Eresma.
Al inicio de su comparecencia, Arahuetes indicó que el Ayuntamiento de Segovia presentará un recurso de apelación frente a la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Segovia, que suspendió la consulta al entender que la iniciativa debe regularse en función del artículo 71 de La Ley de Bases de Régimen Local, que exige, entre otros requisitos, un acuerdo de pleno y la autorización del Gobierno de España. Sobre este recurso deberá pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), aunque «es el recurso del pataleo», admitió el alcalde, al señalar que su eficacia será casi nula, puesto que no servirá para restablecer una consulta que debería haber comenzado mañana viernes. La junta de Gobierno local aprobará hoy la presentación del recurso con el que el Ayuntamiento espera, al menos, conocer la opinión del TSJCyL.
El alcalde confesó su «perplejidad ante la rapidez» con la que el juez resolvió el procedimiento, en apenas dos días, una eficacia por la que Arahuetes, no sin cierta ironía, quiso felicitar públicamente al magistrado. «Espero y deseo que todos los procedimientos judiciales que afectan a los ciudadanos sean igual de rápidos», afirmó.
Fue entonces cuando el regidor informó que había firmado el decreto para iniciar la recogida de firmas, en los mismos días en los que iba a celebrarse la ‘consulta popular’, del 21 al 30 de junio, y que, como su anterior iniciativa, frustrada tras la impugnación de la Delegación del Gobierno, tendrá «coste cero» para las arcas municipales. El Ayuntamiento pondrá a disposición de los ciudadanos pliegos de firmas en dependencias municipales y en la propia vía pública, en las calles principales, como el Azoguejo, la Calle Real o la avenida de Fernández Ladreda, donde se instalarán mesas controladas por ‘voluntarios’. Estas personas, que el alcalde espera reclutar en el PSOE, en el movimiento vecinal e incluso a través de la red social Facebook, también llevarán a cabo visitas domiciliarios para recabar firmas de los vecinos y acudirán, en busca de adhesiones, a los actos populares que se celebren durante las ferias y fiestas de la ciudad.
Arahuetes sorprendió al reconocer que esta recogida de firmas «no tiene garantías» y que era «fácilmente manipulable»; en contraste, según recalcó, con la consulta que él pretendía y que el juzgado, según dijo, ha rechazado, precisamente, «por su fiabilidad». «Por supuesto no voy a hacer trampas con esta campaña de firmas, pero, desde luego, no tiene las garantías, transparencia y eficacia que tenía la consulta», resaltó.
