No saldrá ni un solo euro de las arcas municipales para costear la compra o expropiación del polémico edificio de San Marcos. El alcalde, Pedro Arahuetes, recordó ayer que el Ayuntamiento carece de competencias normativas en materia de Patrimonio y, por tanto, corresponde a la Junta de Castilla y León o, en su caso, al Gobierno de España —a través de la Dirección General de Bellas Artes— el iniciar los trámites para negociar la compra o, en su caso, afrontar el proceso de expropiación del inmueble. En consecuencia, y de acuerdo con este argumento, los fondos económicos para indemnizar a los propietarios del inmueble deberían proceder de la Consejería de Cultura de la administración regional o de las propias arcas del Estado.
A preguntas de los periodistas, tras inaugurar el Centro de Divulgación del Cementerio Judío, el alcalde se refirió a las declaraciones, publicadas por EL ADELANTADO, por parte del concejal de IU, Luis Peñalosa, en las que apuntó que las administraciones —Junta y Ayuntamiento— tenían que explorar la vía de la expropiación forzosa para impedir la construcción del edificio en la calle San Marcos número 25, ante la cantidad “desorbitada” que pedía la propiedad para derribar la planta superior del inmueble — 2,2 millones de euros—.
Arahuetes aseguró que el Ayuntamiento no pondría inconvenientes a una posible expropiación, aunque invitó a Peñalosa a que dirija su propuesta a la Junta de Castilla y León. “Nosotros no tenemos competencias en materia de Patrimonio y, por tanto, tiene que ser la Junta de Castilla y León la que declare el interés general que requiere cualquier proceso de expropiación y la que inicie los trámites para expropiar, pactar, comprar,…”.
Lo que sí dejó claro Arahuetes es que cualquier operación en este sentido no se sufragará con fondos del Ayuntamiento. “No vamos a gastar dinero de los segovianos en asumir competencias que no nos corresponden (…) los autobuses, las alcantarillas, las aceras las ponemos nosotros, no lo hace la Junta, porque no es competencia suya”, apuntó.
“Si entienden que hay una agresión al Patrimonio, —continuó Arahuetes— quien tiene que paliar esta situación es la administración competente, bien el Gobierno de España a través de la Dirección General de Bellas Artes o la Consejería de Cultura y Turismo, nosotros no pondremos ningún inconveniente en que ellos inicien cualquier expediente de expropiación”.
Como se recordará, Peñalosa indicó que las administraciones deben sondear la posibilidad de tramitar la expropiación «por interés público» y abonar al propietario «un precio justo» en concepto de indemnización y no la cantidad «desorbitada» que, a su juicio, reclama la propiedad, de 2,2 millones netos, pero que podría alcanzar los 4 millones, según los cálculos del alcalde, Pedro Arahuetes. Tras el archivo de la causa penal por parte de la Fiscalía, IU estudia otras opciones de presentación de recursos ante los tribunales.
