Un macro decreto ley de la Junta de Castilla y León regula las medidas urgentes en incendios forestales, modifica la ley de montes para agilizar la incorporación de interinos si lo requiere el operativo y en un anexo incluye el plan anual de prevención para el 2023, de 200 páginas, e inversiones por 143 millones para hacer frente a los grandes incendios de los últimos veranos.
En consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha detallado este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno este decreto-Ley autonómico de medidas urgentes sobre prevención y extinción de incendios forestales.
La norma incorpora las medidas del real decreto estatal del pasado 1 de agosto de medidas urgentes en materia de incendios forestales, que modifica otras normas que afectan al Operativo de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla y León.
E incorpora la aprobación del Plan anual de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales de 2023, que se incluye en un anexo, que afecta a todas las provincias por igual, con un refuerzo importante de la capacidad del operativo. Suárez-Quiñones ha explicado que son 143 millones de euros de inversión para aumentar los tratamientos selvícolas, la respuesta del operativo y para otras medidas preventivas.
Y ante la cuestión de que si con ese plan se evitarán incendios históricos como los de los pasados veranos en Ávila o Zamora, ha sostenido que no sólo depende de esas inversiones o medidas, ya que “hay muchos factores del uso del territorio que exigen la labor de todos”. “Vamos a estar más preparados para ofrecer la mejor respuesta posible ante los incendios”, ha defendido.
El consejero ha mostrado su “estupor” porque desde el Ministerio se les haya exigido la presentación del citado plan anual, que aprobó ayer Castilla y León, y que es una de las primeras comunidades que lo presenta, cuando el Gobierno no tiene aún el real decreto sobre las directrices para elaborar esos planes.
El real decreto también modifica las leyes de Montes de Castilla y León y de Función Pública para agilizar la incorporación de personal interino al Operativo en caso de necesidad, y establece normas y criterios para garantizar un funcionamiento administrativo más ágil de este servicio de emergencias.
El consejero defendido el diálogo con los sindicatos para llegar a acuerdos y ha reconocido que queda pendiente lo relativo al pago por estar localizados fuera de los periodos de riesgo algo de incendios, que se incluirá en el correspondiente decreto de guardias.
En la rueda de prensa, se ha referido al incendio de la Sierra de la Paramera, en la provincia de Ávila, y especialmente a los virulentos incendios del verano pasado llevaron a la Junta de Castilla y León a buscar el consenso de este nuevo modelo en el marco del Dialogo Social con la patronal y los sindicatos.
Ello derivó en firma en setiembre pasado de un acuerdo para la mejora del operativo de lucha contra incendios forestales de la Junta de Castilla y León 2023-2025, que abarca ámbitos tan variados como la dotación de personal, su formación y seguridad o la contratación reforzada de medios de extinción, de modo que se mejore la eficacia del operativo en la prevención y extinción de grandes incendios forestales.
Con el Decreto-Ley aprobado se pretende agilizar todas las medidas que requieren una urgencia en su puesta en marcha, especialmente los procesos de cobertura de personal y medios del operativo.
En cuanto a la ley de montes, se incluyen adaptaciones derivadas de las últimas actualizaciones en la norma básica estatal, como lo relativo a los novedosos planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.
