La Junta ha aprobado este jueves en la reunión del Consejo de Gobierno un nuevo decreto ley que transforma el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla y León, que pasará a ser público entre 2026 y 2028 salvo en servicios de alta especialización como medios aéreos y maquinaria pesada. Además, reconoce la figura de bombero forestal y transforma los actuales contratos fijos discontinuos en empleos a jornada completa y con continuidad a lo largo de todo el año.
Para ello, la Consejería de la Presidencia modificará, antes de que termine 2025, las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) tanto de funcionarios como de personal laboral, cuyo incremento de coste ya se contempla en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad.
Como resultado de esta modificación, los empleados públicos del dispositivo no solo actuarán en tareas de extinción, sino también en prevención activa, mantenimiento de infraestructuras contra incendios, vigilancia forestal, restauración del entorno tras los fuegos, y otras tareas técnicas fundamentales para reducir el riesgo de grandes incendios.
El decreto ley fue presentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, que afirmó que la finalidad de la normativa es “perfeccionar el dispositivo de prevención y extinción de incendios” con medidas de mejora de las condiciones de trabajo del personal propio autonómico que recogen “gran parte de las reivindicaciones históricas del colectivo”.
Entre ellas, está la actuación del dispositivo todo el año, una circunstancia que según el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ya se producía pero con una “distinta dimensión” y que ahora alcanza “esa dimensión total e integral” por la conversión del personal fijo discontinuo en continuo “a tiempo completo todo el año”. Además, esta circunstancia va a permitir, según Gago, que los miembros del operativo puedan participar ante “cualquier situación de emergencia” en la Comunidad.
Por otro lado, también se convierte el dispositivo en plenamente público con un horizonte temporal de tres años, hasta 2028, salvo en determinados servicios, como los medios aéreos y la maquinaria especializada, que seguirá desarrollando el sector privado. De esta forma, durante los tres próximos años el dispositivo que desarrolla su actividad en la prevención y extinción de incendios dejará de estar en manos de empresas privadas, para ser gestionado directamente por el sector público.
bombero forestal
Otra de las novedades del decreto ley, que necesitará de su convalidación durante el próximo mes en las Cortes de Castilla y León para evitar que decaiga, es el reconocimiento de la calificación profesional de bombero forestal, de tal forma que aquellos empleados públicos que se dedican a la extinción, vigilancia, detección y recuperación del medio natural pasarán a tener esta designación profesional.
Su reconocimiento se realizará en la inmediata modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo que se va a acometer, e implica no solo mejoras jurídicas y profesionales, sino también la creación de un complemento específico vinculado a la especialización y al riesgo, que van desde los 1.050 euros anuales para el grupo B a los 2.660 euros anuales para el grupo A, así como la aplicación de coeficientes reductores que permitirán el acceso a la jubilación anticipada.
Finalmente, la norma incluye la creación del nuevo Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B, lo que permitirá la integración voluntaria de los actuales funcionarios del Subgrupo C1 en un cuerpo de mayor responsabilidad técnica, con mejores condiciones laborales, carrera profesional y retribuciones acordes a su función.
Como explicó González Gago durante la rueda de prensa, estas medidas serán de aplicación inmediata mediante su incorporación a la RPT de personal laboral y funcionario, con el compromiso de la Junta de que las relaciones de puestos de trabajo estén modificadas “antes del 31 de diciembre de 2025”. Todo ello con el objetivo de que el operativo esté “perfectamente estructurado en la primavera de 2026”.
Gago también aseveró que el decreto ley, pese a su tramitación urgente “por causa de extraordinaria necesidad”, cumple con los informes mínimos de los servicios jurídicos, del Consejo de la Función Pública y de la Dirección General de Presupuestos, que cifra en torno a 20 millones el impacto presupuestario de las medidas anunciadas.
Así, por un lado, la medida de extender el dispositivo a todo el año tiene un coste aproximado, según especificó Gago, de 12,5 millones de euros, a los que se debe sumar el impacto del complemento específico por el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, de tres millones de euros, y el de la reclasificación de los agentes forestales al grupo B, tasado en el mismo valor.
