El PP y Ciudadanos aprobaron ayer en solitario una Proposición No de Ley a través de la que se busca más protección jurídica para empleados públicos que denuncien casos de corrupción. Mientras Podemos votó en contra, PSOE y Grupo Mixto decidieron abstenerse porque, a su juicio, la propuesta incluye puntos que suponen “agresiones” a los trabajadores como el endurecimiento de penas por denuncias falsas probadas. De esta forma, esta fue la segunda vez que este asunto se votó en el Pleno de las Cortes después de que en el pasado Pleno esta iniciativa de Ciudadanos no saliera adelante con los votos en contra del PP. En ese caso, el PP exigió un año de plazo para desarrollar la normativa legal que regulase la protección, mientras que la formación naranja pedía seis meses.
En el anterior debate, la PNL contó con el respaldo de todos los Grupos menos del PP, mientras que en este segundo debate se logró el respaldo de los ‘populares’ al incluir su enmienda de sustitución y la abstención o rechazo del resto de grupos que creen que con las medidas del PP se “agrede” a los empleados públicos. Así, finalmente la PNL establece que se solicite al Gobierno de España que desarrolle, lo antes posible, una normativa legal que establezca un marco de protección jurídica para aquellos funcionarios y empleados públicos que denuncien episodios de corrupción en el seno de la administración pública y endurezca las penas por denuncias falsas probadas.
En un segundo documento, se insta a la Junta a desarrollar, en un plazo máximo de un año, una normativa legal de alcance autonómico, innovadora en España, que establezca un marco de protección jurídica para los funcionarios y empleados públicos que denuncien episodios de corrupción en el seno de la administración pública. En concreto, el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, insistió en su voluntad de sacar adelante esta iniciativa, por lo que la presentó por segunda vez al Pleno, ya que, según sus palabras, es “prioritario” crear un marco jurídico que proteja a los funcionarios.
Sin embargo, tanto la procuradora de Podemos, Adela Pascual, como el procurador del PSOE, Luis Briones, tacharon de “espectáculo” el hecho de tener que debatir por segunda vez la PNL, al tiempo que ambos defendieron que no contribuirán a “criminalizar” a los empleados públicos y a “endurecer sus penas”.
Por otra parte, el Grupo Podemos asumió la propuesta del Grupo Parlamentario Popular, apoyada también por Ciudadanos e IU, para exigir al Gobierno de España el restablecimiento del consumo de carbón autóctono a través de la aprobación del denominado ‘céntimo verde’ en las condiciones en las que se votó en su día en el Senado y que recibió entonces el rechazado de los parlamentarios ‘populares’. Esta propuesta, que fue añadida a una PNL para impulsar y ejecutar un Plan de Desarrollo de las Comarcas Mineras de las provincias de León y de Palencia, es similar a algunos de los puntos de una moción anterior propuesta por el PSOE en materia de minería. Sin embargo, en la anterior, los socialistas reclamaban la instauración del ‘céntimo verde’ en el próximo Consejo de Ministros.
Así, Podemos, PP, Ciudadanos y Grupo Mixto dieron el visto bueno a otras propuestas añadidas por los ‘populares’ a la PNL del grupo morado para impulsar un sello de calidad para el carbón.
