Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular en la que se recoge la mayor parte de las reivindicaciones por las que estos días se manifiestan agricultores y ganaderos de toda España. La iniciativa fue rechazada por el procurador de Podemos Pablo Fernández, mientras que el PSOE se abstuvo y el resto de grupos votaron a favor. No obstante, durante el debate, el PP rechazó la propuesta de Vox de incluir en la proposición no de ley que se instara al Gobierno a que España abandone la Agenda 2030 y a plantear ante la UE la derogación del Pacto Verde Europeo.
Desde el Partido Popular, el procurador Francisco Javier Carpio resaltó que se trata de un “plan de choque” ante la difícil situación que está atravesando el campo por el “abandono” por el Gobierno. “El campo se desangra por falta de políticas nacionales”, apuntó Carpio, que también hizo referencia al incremento de los costes de producción, la competencia desleal, el aumento de la burocracia y al establecimiento de impuestos al “plástico y al azúcar”. El procurador del PP también denunció que desde el Gobierno se este apaleando al sector durante sus manifestaciones y resaltó que resulta fundamental garantizar la independencia alimentaria.
En la moción se reclama al Gobierno reforzar la imagen de España en los mercados, como país atractivo por la calidad de los productos alimentarios, la seguridad de sus alimentos y el alto valor de nuestra gastronomía. Además, también se pide garantizar la producción de alimentos en Europa y no incrementar la dependencia de terceros países.
La flexibilización de los criterios de aplicación de la Política Agraria Común a efectos de reducir los trámites y revisar los ecorregímenes y el impulso a Pacto Nacional del Agua que asegure la disponibilidad de agua para cultivos, así como modernizar antiguos y nuevos regadíos, son otras de las reclamaciones, junto con la revisión de la Ley de la cadena alimentaria.
También se pide replantear el plan de seguros agrarios combinados para actualizar rendimientos por hectárea y reformar el PERTE agroalimentario, “revisando los criterios y fondos asignados por el Gobierno, a fin de que se ajusten a las características del tejido agroindustrial de nuestro país”. Por último, también se plantea crear un grupo de expertos que revise las actuales políticas de sanidad animal, analice la situación de la cabaña ganadera y establezca criterios técnicos de prevención y atención ante enfermedades.
Desde el Grupo Mixto, Pedro José Pascual (Por Ávila) recalcó que la agricultura es un sector estratégico y reclamó buscar un consenso político, dado que las soluciones de la mayor parte de los problemas corresponde a la UE. Mientras tanto, Francisco Igea acusó al PP de “subirse al tractor de Vox” y advirtió de los problemas que generaría entrar en una “guerra comercial”, ya que Castilla y León exporta el 30 por ciento de su producción. Por su parte, Pablo Fernández (Podemos) tildó de “caraduras” a los procuradores de PP por votar a favor de los acuerdos de libre comercio y ahora pedir una limitación de las importaciones.
