La Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha fijado este miércoles el nuevo plan de actuaciones para 2025, que incluyen 40.164 inspecciones orientadas, principalmente, a combatir el empleo sumergido y la siniestralidad laboral, tras detectarse 6.346 infracciones en lo que va de año.
Según ha informado la Junta a través de un comunicado, esta comisión es el órgano de cooperación entre la Administración autonómica y la Administración central, cuyo fin es el de evaluar y planificar las actuaciones inspectoras que se desarrollan en cada ejercicio, y que tiene su marco regulatorio en el convenio firmado entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad autónoma.
En la reunión han participado la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García; la directora de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, María Pita; y el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León, José Manuel Barrios.
El plan de actuaciones para 2025
El programa de actuaciones para el año 2025 incidirá de forma especial en las acciones encaminadas a reducir la siniestralidad y mejorar la salud laboral, así como en la lucha contra el trabajo sumergido o irregular, y en la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación en el seno de las empresas.
Esta planificación ha sido previamente consensuada con los agentes económicos y sociales del diálogo social –CEOE Castilla y León, CCOO y UGT– en el seno de la Comisión de Seguimiento de las Actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Consejo Regional de Trabajo.
Entre las principales novedades para el próximo año destacan el aumento del peso de los programas de competencia autonómica, que alcanza el 50 %, asignándose a la prevención de riesgos laborales el 55 % de las acciones autonómicas programadas y el 45 % restante a las relaciones laborales.
Mientras, por parte de la Inspección de Trabajo se llevará a cabo un incremento en el número de subinspectores de Seguridad y Salud Laboral.
En materia de prevención de riesgos laborales se ha planificado un aumento efectivo en el número de expedientes programados del 1,7 %, hasta alcanzar las 9.877 actuaciones, a las que hay que sumar otras 1.054 no programadas.
Además, se han actualizado los sectores de actividad económica objeto de las actuaciones inspectoras y se han incluido cuatro nuevas campañas: control de riesgos en nuevas ocupaciones –vinculada a la transición ecológica y digital–, exposición a fibras de amianto, exposición a gas radón, y exposición a otros agentes cancerígenos mutágenos y reprotóxicos.
En materia de empleo y relaciones laborales, se han programado un total de 9.057 actuaciones, lo que representa un incremento cercano al 2 % en actuaciones programadas con respecto al presente ejercicio.
En este ámbito, las actuaciones se centrarán en la lucha contra el abuso y el fraude en la contratación, los excesos de jornadas y horas extraordinarias no pagadas, y la lucha contra la discriminación por razón de género u otras circunstancias.
Además, contempla un incremento de más del 22 % en las actuaciones de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la incorporación de dos nuevas campañas, una para controlar los abusos en el periodo de prueba y otra para luchar contra las condiciones discriminatorias de personas LGTBI.
En materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y la economía irregular, en sus distintas versiones –falta de alta, cotizaciones, prestaciones, encuadramientos indebidos, etc.–, se han planificado un total de 9.928 actuaciones, con un incremento en las programadas del 1,78 % respecto al año 2024.
Finalmente, en materia de economía irregular y trabajo de extranjeros, se programan un total de 10.011 inspecciones. Estas estarán centradas en las nuevas modalidades de prestación de trabajo y en las figuras que ocultan trabajo por cuenta ajena, que incluyen actuaciones para detectar situaciones de falsos autónomo y falsos becarios, así como el fraude en la prestación de trabajo transnacional, ha apostillado la Junta.
