La Junta de Castilla y León aprobó este jueves en la reunión del Consejo de Gobierno la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal funcionario, norma que abre la puerta a cubrir puestos en pequeños municipios por personal de otras administraciones públicas.
La nueva RPT, según explicó el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, también contempla incentivos para las denominadas plazas ultraperiféricas, que suman un total de 1.964 y que se reparten en 174 localidades, aquellas menores de 5.000 habitantes y ubicadas a más de 50 kilómetros de municipios de más de 20.000 habitantes.
Además, también tendrán una consideración especial los denominados puestos periféricos, todos aquellos ubicados fuera de las capitales de provincia. Las ventajas para que ambos tipos de puestos sean más atractivos y puedan ser cubiertos con más facilidad pasan por el incremento del complemento específico en un punto, el establecimiento de condiciones especiales de teletrabajo y la posibilidad de cubrir estos puestos con funcionarios de otras administraciones, como pueden ser empleados municipales o funcionarios de comunidades autónomas limítrofes.
La nueva RPT, que supone la mejora retributiva de dos de cada tres plazas, está compuesta por 16.304 puestos.
Según Gago, excluyendo al personal de sanidad y educación, la Junta cuenta con 20.974 empleados públicos, de los que 11.675 son funcionarios, que son los que se verán afectados por esta nueva RPT, mientras que el resto, son personal laboral.
La nueva norma determina el número de puestos de trabajo que existen, las características de cada uno de los puestos, el cuerpo o categoría al que debe pertenecer cada empleado público para cada puesto, y sus retribuciones. La nueva norma recoge 13 acuerdos, uno por consejería, a los que se une el Ecyl, Sacyl y la Gerencia de Servicios Sociales.
Esta norma, que según Gago era “necesaria” dado que la anterior databa de 1996, aunque se habían realizado modificaciones puntuales, se ha negociado con los sindicatos y se ha aprobado con los votos a favor de USCAL, la abstención de UGT y CSIF y en contra de CCOO y CGT.
El consejero explicó que la reducción en el número de puestos de personal funcionario de la Administración General se debe a tres circunstancias, relacionadas con la búsqueda de la eficiencia, la evolución de la sociedad, y la promoción del acceso al empleo público en la Administración Autonómica. Se han suprimido aquellos puestos de trabajo que llevan vacantes durante un largo periodo de tiempo o que no se han ocupado nunca, se han suprimido puestos que son prescindibles debido a que sus funciones asociadas ya no se acomodan a las necesidades reales del servicio público y se han suprimido puestos que no son atractivos para el empleado público, al tiempo que se han mejorado aquellos puestos que sí son necesarios.
701 millones de euros
La mejora en las condiciones de los puestos de trabajo supondrá una mayor inversión de la Junta. El cálculo de los costes de las RPTs se realiza desde un punto de vista teórico, considerando el resultado final si todos los puestos de trabajo fuesen cubiertos por funcionarios públicos, y sin tener en cuenta los diferentes complementos retributivos personales asociados a cada funcionario. De esta forma, el coste teórico anual de la RPT que ahora se deroga era de 698,4 millones de euros al año, mientras que el de la RPT que se apró este jueves será de casi 701,8 millones de euros al año.
Por último, dentro de estas RPTs es destacable la reducción de puestos provistos a través de concurso específico: en la anterior RPT había 1.366 (un 8,25 por ciento de todos los puestos de concurso), y en la nueva hay 726 (un 4,81 por ciento). Es decir, 640 puestos menos. Además, en el apartado de puestos a cubrir por libre designación, se pasa de 419 puestos (un 2,35 por ciento del total) a 369 (un 2,26 por ciento), es decir, 50 puestos menos.
PGC 2025
La Junta tiene la “intención de concluir” todos los trámites necesarios para estar “en condiciones” de abordar la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025, una vez conocidas las entregas a cuenta para el próximo ejercicio, que ascenderán a 8.987 millones de euros, y la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2023, que suma 627,5 millones, por lo que contará con 9.541 millones del sistema de financiación autonómica, teniendo en cuenta la devolución de los anticipos por el aplazamiento de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009.
El portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, criticó que los recursos comunicados crecen un 2,6 por ciento, algo por debajo de la previsión de inflación. Sin embargo, el Ejecutivo continúa trabajando para elaborar las nuevas cuentas, que ya disponen de una primera carga, y se ha enviado al Consejo Económico y Social (CES) la ley de Medidas que las acompaña.
La Junta pide a los socialistas votar en contra del pacto ERC-PSC
Carlos Fernández Carriedo considera que “muchos socialistas” tienen en su mano frenar el pacto entre ERC y el PSOE de Cataluña, por lo que les pide que voten en contra de este acuerdo en el Congreso de los Diputados, el Senado, las Cortes o los ayuntamientos. Carriedo aseguró que los socialistas deben pasar “de las palabras a los hechos” si es que están en contra de la posición que defiende el presidente del Gobierno, que genera -dijo- “desigualdad” e “insolidaridad”.
Carriedo aseguró que Sánchez ha provocado un “sentimiento generalizado” de ruptura de la “igualdad fiscal” y de “acceso a los servicios” y consideró que aquellos que han manifestado su “disgusto” tienen la posibilidad de elegir. Y aludió al líder de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca, quien aseguró este miércoles que no aceptaría una quiebra de la igualdad y la solidaridad.
Igualmente, Carriedo reclamó explicaciones a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el pacto, después de que hace un par de semanas esta negara en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se fuera a producir un pacto bilateral para reformar la financiación autonómica y garantizara que no se cedería al 100 por 100 ningún tributo a ninguna comunidad. “Vemos mucho silencio” más allá de las palabras de Sánchez en las que se felicita por el acuerdo para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña.
Por otro lado, Luis Miguel González Gago consideró una “injerencia intolerable” en un estado democrático que el presidente del Gobierno anticipe el rechazo por parte del Tribunal Constitucional del recurso contra la ley de amnistía que presentan las comunidades autónomas, tal y como aseguró Pedro Sánchez en su balance de este miércoles.
Gago aseguró que el Consejo Consultivo está elaborando el informe sobre el texto del recurso remitido por la Junta.
