Las Cortes han aprobado por unanimidad la proposición de ley, promovida por PP y Vox, para garantizar que se ocupan los puestos sanitarios de difícil cobertura en Castilla y León. El acuerdo de todos los grupos y partidos en torno a esta norma fue el “broche” del último pleno de esta undécima legislatura, que finaliza dotando a la Comunidad de un marco de incentivos para asegurar la provisión de profesionales.
La norma, que entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y por tanto en 2026, fue registrada por los grupos Popular y Vox en mayo de 2024, dos meses antes de romper su pacto de gobierno. Hace un año, pese a estar ya distanciados, unieron sus votos en la toma en consideración y, después, han mantenido la unidad durante su tramitación hasta su aprobación final.
El texto llegó a esta última sesión, antes de la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, sin enmiendas vivas de los socialistas, que las transaccionaron con los proponentes -PP y Vox- durante la ponencia. Además, UPL, Soria YA y Por Ávila mantuvieron sus aportaciones, pese a ser rechazadas, y Francisco Igea, del Grupo Mixto, las retiró tras transaccionarse una en el último momento.
En la presentación de la norma, el ‘popular’ José María Sánchez destacó que da una respuesta “serena”, “responsable” y “profundamente humana” a una realidad que señaló “no admite demora”. En nombre de Vox, Rebeca Arroyo aseguró que era un “gran día” para la sanidad y preguntó dónde estaba la “pinza” de su partido con el PSOE.
Plan de Conservación Viaria
Las Cortes aprobaron instar a la Junta a que solicite al Gobierno de España que elabore, en un plazo de seis meses, un Plan de Conservación Viaria, en colaboración con todas las administraciones públicas competentes, por los deterioros “graves” o “muy graves” de las carreteras. Todos los grupos parlamentarios votaron a favor de la Proposición No de Ley (PNL), presentada por el PP, mientras que Pablo Fernández y Francisco Igea se abstuvieron y solo el Partido Socialista la rechazó.
El pleno de las Cortes aprobó, también por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Socialista que pide devolver de “oficio” y de forma individual en un plazo de seis meses las cantidades cobradas indebidamente en concepto de copago a los dependientes de grado III, unos 100.000.
La portavoz socialista, Patricia Gómez, presentó la iniciativa en sustitución de su compañera Isabel Gonzalo, que sufrió una indisposición y tuvo que abandonar las Cortes. Además, el debate de la proposición se vio interrumpido durante una hora por un fallo técnico en el sistema de la cámara autonómica.
Último Pleno
El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, echó el cierre a la legislatura con una petición expresa a sus señorías: “Procuremos no prejuzgar a las personas sin conocerlas, con independencia de las siglas y la ideología, por que defendemos y representamos a muchos ciudadanos que nos han hecho estar aquí. Hay que respetarlas”. Igualmente, el procurador de Unidas Podemos Pablo Fernández volvió a despedirse de las Cortes, tras una década en el Parlamento autonómico y dijo lo mismo que cuando empezó. “Las personas son siempre lo primero”.
Sanidad hará una convocatoria de movilidad voluntaria entre enero y marzo
La Consejería de Sanidad ya tiene un primer cronograma de trabajo para poner en marcha la Ley de Medidas Extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura y garantizar la asistencia sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla y León.
El objetivo de la Consejería es trabajar para que en el primer trimestre de 2026 se pueda hacer la primera declaración de puestos de difícil cobertura y ofertar la primera convocatoria extraordinaria de movilidad voluntaria.
Así, la primera parte de la ley define los puestos de difícil cobertura como “aquellos de personal estatutario sanitario licenciado con título de especialista en ciencias de la salud, diplomado con título de especialista en ciencias de la salud y diplomado sanitario de enfermería, cuya falta de provisión sea de carácter estructural o coyuntural y sea urgente su cobertura para garantizar de forma adecuada las necesidades asistenciales”.
La segunda fase será la declaración de estos puestos por parte de la Gerencia Regional de Salud. Y siempre con la previa definición técnica informada y negociada en la mesa sectorial de sanidad.
El siguiente paso será la aprobación de una oferta extraordinaria de empleo público con las plazas a cubrir, si bien con carácter previo se convocarán procesos extraordinarios de movilidad interna voluntaria.
La declaración de difícil cobertura de los puestos en principio durará tres años -con posibilidad de prorrogar otros tres-, en los que los profesionales se beneficiarán de los incentivos previstos en la norma y que pasan por el reconocimiento de servicios prestados, valoración de experiencia profesional, flexibilización de la jornada y horarios y medidas en materia de formación e investigación, sin olvidar el complemento de garantía asistencial que mejora sustancialmente el ya regulado en el decreto-ley de febrero de 2019, aplicándose un aumento que tiene en cuenta los incrementos habidos desde ese año para los profesionales médicos y el 50 por ciento de dicha cantidad para el personal enfermero.
La segunda parte de la ley regula las medidas extraordinarias a adoptar para garantizar la continuidad asistencial en las actividades asistenciales de difícil prestación, que se definen como aquellas que “siendo precisas para garantizar el acceso a la atención sanitaria, la realización de guardias o una adecuada atención continuada, no puedan ser realizadas por el personal sanitario fijo o temporal del centro, o bien, aquellas que por su nivel de especialización requieran de profesionales especializados de los que no disponga el centro”.
La norma prevé también un procedimiento consistente en la declaración de actividad de difícil prestación, y regula como medidas extraordinarias adecuadas las siguientes: prestación voluntaria de atención continuada o jornada complementaria de guardia en un ámbito distinto al del propio nombramiento del profesional, que será retribuido según establece la propia norma; o la colaboración asistencial entre centros, mediante los que los profesionales, voluntariamente, prestan actividad sanitaria en otros centros y con las retribuciones que la ley regula, siempre con la garantía de suficiencia de cobertura en los centros de origen.
