El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, aparece como víctima propiciatoria del escándalo que pone en cuestión la capacidad de la clase política para entenderse en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Su desdichado mensaje sobre Manuel Marchena, donde el magistrado aparece como si fuera una marioneta del PP, en realidad refleja un estado de opinión sobre el equilibrio de fuerzas después del pacto con Moncloa. En teoría, once progresistas y diez conservadores.
Esa relación desfavorable, había creado un cierto malestar en el partido liderado por Pablo Casado, donde estaba siendo frecuente escuchar que «el PSOE nos han metido un gol por la escuadra». Así que los dirigentes más cercanos a las negociaciones se dedicaron a desmentirlo en público y en privado. Con el mensaje implícito de que tener controlada la presidencia del Tribunal Supremo justificaba sobradamente que el balance numérico de vocales fuera favorable al PSOE.
Por ahí vino la grave avería que se ha producido en la renovación del órgano de gobierno de los jueces por extracción parlamentaria de sus veinte vocales. Para acreditar que el PP salía ganando en el reparto por cuotas, en este partido se multiplicaron las apologías del magistrado Marchena. Y lo mataron a besos.
El pactado aspirante a la presidencia del Consejo y del TS se hartó de tanto cariño, bajo sospecha de alineamiento político. Eso suponía poner en cuestión su independencia y su imparcialidad a la hora de impartir justicia y dictar sentencias. El desafortunado whatsapp de Cosidó (control del Tribunal Supremo «desde atrás») solo fue la gota que colmó el vaso.
Marchena no tenía por qué aguantar que lo presentasen como un magistrado al servicio de un partido político. Así que la única salida era renunciar, después de pasar demasiado tiempo expuesto al cariño tóxico del PP (amores que matan) y a la creciente sospecha de estar a su servicio.
Lo que mal empieza mal acaba. Y todo había empezado mal con la prematura filtración de su nombre como legítimo aspirante al cargo. Y no tuvo otra salida que la de renunciar dignamente. En estos términos: «Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como instrumento al servicio de una u otra opción política». Pero el mal ya estaba hecho desde que otros decidieron poner sobre sus hombros el manto del PP, como los falangistas hicieron con la Pilarica.
Ahora corre por las esquinas la copla que canta la dignidad de un magistrado (tardía, tal vez) y la incompetencia de la clase política española. Unos y otros colaboraron en la quema de la candidatura de una prestigiosa figura de la Magistratura.
Seguramente no hubiera ocurrido si su nombre no se hubiera filtrado mucho antes de que estuvieran pactados los nombres de los veinte vocales del CGPJ que formalmente debían elegirlo.
