No a votar favorablemente los Presupuestos Generales del Estado. Y no a la renovación de órganos constitucionales. Esquemática posición del Partido Popular a los reiterados llamamientos a la “unidad” de Pedro Sánchez. De ahí las acusaciones del Gobierno. “Deslealtad” e “insolidaridad” son pedradas de Moncloa contra el principal partido de la oposición.
Se entienden las razones del líder del PP, Pablo Casado, para no alinearse con el Gobierno y sus socios en el frente presupuestario del año 2021, cuando se remite a la condición de alternativa en el ejercicio de su papel de oposición institucionalizada. Es muy sano que los votantes reconozcan otra forma de hacer las cosas en una fuerza política diferente a la del poder. Ninguna otra herramienta de la gobernación, tanto en lo político como en lo económico, es tan clarificadora en ese sentido como los PGE.
No comparto, en cambio, la cerrazón del PP en lo que se refiere a la renovación de los órganos institucionales, que vienen sobreviviendo en la interinidad de un tiempo a esta parte, lo que supone incumplir un mandato claro de la Constitución. Básicamente, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.
No es irrelevante el pretexto argumental de Casado contra unos enemigos declarados del orden constitucional, como el nacionalismo de Rufián y el narcisismo-leninismo de Iglesias. Sostiene que si participan en la renovación de esos órganos no será para reactivarlos sino para dinamitarlos.
De acuerdo. Pero en ese caso lo que procede es frenar con los votos del PP, que son decisivos cuando se exigen mayorías cualificadas, la presencia de candidatos próximos a tendencias disgregadoras. Ningún candidato puede esconder su historial, pues todos esos son figuras conocidas y reconocidas en el ejercicio de su profesión.
Utilizar la posibilidad de que los enemigos del sistema sean quintacolumnistas oficiales del mismo, como excusa paralizante del mandato renovador, no es democrático. Y no se me ocurre un mejor argumento que el admitido por el propio Pablo Casado, cuando reconoce públicamente que estamos ante un mandato de la Constitución.
El asunto se complica ante el hecho de que el obstruccionismo del PP es sobrevenido. Es decir, que se partía de su predisposición a entenderse con el PSOE para la renovación de los órganos.
Pero eso se truncó, según Casado, cuando una parte del Gobierno (UP) arremetió contra la Monarquía tras la espantada del rey emérito y, además, fue señalada por financiación irregular (Neurona y otras irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas).
Insisto: buenas razones para reprobar a Pedro Sánchez su encamamiento con enemigos de la Constitución, no para frenar el funcionamiento de órganos pendientes de renovación.
