El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, César Antón, dejó ayer claro el balance de actividades realizadas por su departamento en Segovia, en las que volvió a destacar el esfuerzo realizado por el Gobierno regional para mantener e incrementar las políticas sociales en la comunidad frente a la disminunción de las inversiones realizadas en esta materia por el Gobierno central.
En conferencia de prensa, el consejero expuso de forma detallada el trabajo desarrollado por su departamento en la provincia, en el que destacó de forma especial la labor para desarrollar la Ley de la Dependencia o la creación de plazas públicas para niños de cero a tres años en la provincia.
En lo que se refiere a la Ley de la Dependencia, el consejero señaló que en Segovia hay actualmente un total de 4.324 personas beneficiarias con derecho a prestación, de las cuales 3.384 ya tienen prestaciones concedidas. Esta cifra sitúa a Segovia en un porcentaje del 78,26 por ciento, trece puntos por encima de la media nacional, y en cuanto a las ya concedidas, Antón manifestó que 2.159 son prestaciones de servicios y 1.495 son prestaciones económicas.
El consejero aprovechó para lamentar la «desigualdad» en la aportación que realiza la Junta y la que hace el Gobierno central para la financiación de esta ley, y señaló que en la legislatura que está a punto de terminar la Administración General del Estado financió sólo el 16,8 por ciento de la aportación total, mientras que el Gobierno regional tuvo que aportar el 83,2 restante. Antón manifestó que el Gobierno central «no ha cumplido los plazos establecidos para hacer efectivos los pagos a Castilla y León, y pidió que en un futuro las aportaciones en los presupuestos de las administraciones públicas responsables del desarrollo de esta ley «sean iguales, ya que actualmente distan mucho de serlo».
Antón volvió a echar mano de los datos para cargar contra las políticas sociales del Gobierno central, al asegurar que los recortes de los créditos de los presupuestos generales del Estado para programas de servicios sociales han privado a Castilla y León de recibir créditos por un importe total de 10 millones de euros. Sobre este asunto, destacó que el Ejecutivo ha reducido paulatinamente las ayudas al plan de discapacidad e inmigración, el plan nacional gitano o la supresión del Plan Gerontológico Nacional.
Por el contrario, señaló que la Consejería de Familia ha aumentado en el presupuesto para 2011 un 6,89 por ciento el dinero destinado a las políticas de servicios sociales, mostrando así «la apuesta por el mantenimiento de estos servicios que realiza el Gobierno de Juan Vicente Herrera«.
La guardería de Segovia, en manos del Ayuntamiento
César Antón destacó también las inversiones realizadas para crear plazas públicas para atención de niños de cero a tres años, donde en la pasada legislatura se crearon en la provincia un total de 481 nuevas plazas a través de la colaboración con ayuntamientos y la Diputación provincial. En este sentido, el consejero reconoció que Segovia “sigue siendo la única capital que no dispone de un centro infantil para este sector de edad”, pero situó la responsabilidad en manos del Ayuntamiento, de quien dijo que es la institución “que tiene que liderar el proyecto”.
“Desde la Junta ya hemos mostrado en reiteradas ocasiones nuestra disposición a colaborar en este proyecto, al igual que lo hemos hecho en otros 200 repartidos por toda la región —manifestó— y esperamos que el Ayuntamiento isea quien marque la velocidad de desarrollo poniendo a nuestra disposición un solar para poder construir”.
