La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la instrucción de “una macrocausa” contra la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol en la Audiencia Nacional y ha solicitado al juez Santiago Pedraz que admita a trámite la querella presentada por Podemos y Guanyem Barcelona únicamente en relación con las actividades de su hijo Oleguer, informaron fuentes jurídicas.
En un escrito remitido ayer que lleva la firma de la teniente fiscal, Belén Suárez, Anticorrupción argumenta que el resto de hechos referidos en la querella ya están siendo investigados por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y por la responsable del Juzgado número 31 de Barcelona, Zita Hernández.
Ruz, en concreto, investiga al hijo mayor del expresidente, Jordi Pujol Ferrusola, y a su exesposa, Mercè Gironés, por los numerosos pagos superiores a 200.000 euros que sus empresas recibieron de empresas adjudicatarias de contratos públicos en Cataluña. Ambos están imputados por un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública.
Por su parte, el juzgado barcelonés investiga al expresidente de la Generalitat a partir de una querella presentada en julio pasado por el sindicato Manos Limpias después de que éste confesara que había mantenido fondos en el extranjero durante más de treinta años que no había declarado a Hacienda.
sucursales del santander De esta forma, la Fiscalía Anticorrupción solicita a Pedraz que limite su investigación a las actividades que Oleguer Pujol llevó a cabo a finales de 2007 para comprar 1.152 oficianas del Santander por más de 2.000 millones de euros. El departamento que dirige Antonio Salinas abrió diligencias por esta venta y otras cuatro operaciones sospechosas.
Pedraz, que podría decidir hoy si admite o no a trámite la querella, dictó el lunes una providencia en la que reclamaba a Anticorrupción la devolución de la causa, “visto el tiempo transcurrido” desde que realizó su solicitud a la Fiscalía para que le informara sobre si es competente para instruir la querella y si debe o no admitirla a trámite por la existencia de indicios de delito.
