La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer prisión incondicional para el exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía y exdiputado no adscrito en las Cortes valencianas, Rafael Blasco, al entender que existe riesgo de fuga tras ser condenado a la pena de ocho años de prisión y de 20 de inhabilitación por la primera pieza del caso Cooperación, relativa al desvío de ayudas para proyectos de abastecimiento de agua en Nicaragua.
Y es que el jurista solicitó esta medida, a la que se sumaron el resto de acusaciones -Abogacía de la Generalitat y Antonio Penadés- mientras el Supremo resuelva los recursos de amparo que tienen previsto imponer los condenados en esta causa. Y lo ha hecho en base al artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que recoge, entre otros aspectos, que se puede pedir la prisión provisional ante la gravedad de la pena impuesta o la situación familiar, laboral y económica de los condenados.
Malversación de caudales, prevaricación y falsedad en documento oficial son los delitos que pesan sobre el exdirigente popular.
