La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Manuel García Castellón, que instruye el caso Púnica, que cite como investigadas a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la presunta financiación irregular del PP regional, según fuentes jurídicas.
Las mismas fuentes también confirman la solicitud de citar a declarar como investigado al expresidente regional Ignacio González, principal investigado en el caso Lezo, donde también se analiza parte de la supuesta contabilidad paralela de los populares madrileños.
Las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez presentaron un escrito de 75 páginas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que reordena la macrocausa y reduce de 16 a 11 las piezas separadas que conforman este caso de corrupción que se lleva investigando desde 2014.
Una labor que el Ministerio Público ha tardado medio año en hacer, desde que a principios de año el juez instructor instase a las fiscales a hacer una reestructuración de la causa. En él se han precisado los hechos y sujetos afectados en cada una de las líneas de investigación “con referencia a los correspondientes informes definitivos de la Guardia Civil”, según informa Anticorrupción en un comunicado. En este sentido, se solicita nuevas declaraciones de investigados, testigos, así como aportación de más prueba documental.
Campañas electorales
Concretamente, en la pieza relacionada con la presunta financiación irregular del PP de Madrid, la número 9, las fiscales Anticorrupción se han apoyado en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para pedir al magistrado que llame a declarar como investigados a las expresidentas regionales Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, al expresidente de Indra Javier Monzón y a la propia empresa.
Todo ello después de que la UCO situara a Aguirre en reuniones clave en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante las campañas electorales de 2003, 2007 y 2011, en las que Aguirre presidía a los populares madrileños.
Esta investigación se inició tras el hallazgo de una agenda del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el ‘cabecilla’ de la trama Púnica, en la que puede leerse unas siglas junto a determinadas cantidades de dinero.
Se investiga si estas letras pueden pertenecen a presuntos donantes del PP regional que habrían sufragado las campañas electorales a cambio de adjudicaciones públicas, algo que este investigado siempre ha negado.
No obstante, los investigadores han implicado a Aguirre en escasas ocasiones recientes.
Fuentes jurídicas apuntan que el juez García Castellón estudiará a fondo el escrito presentado por Anticorrupción antes de tomar una decisión sobre la imputación o no de Aguirre. Las acusaciones populares de este caso, e incluso el que fuera su mano derecha, Francisco Granados, llevan tiempo insistiendo al magistrado en que incluya a la investigación a la exdirigente madrileña por este asunto.
En cuanto a Cifuentes, la UCO también la vinculó con pagos irregulares desde Fundación Fundescam —vinculada con el PP de Madrid— a “determinados empresarios y organismos empresariales, que ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales”.
Otro informe de la Guardia Civil también destacó que Cifuentes era “partícipe y conocedora” de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011. Estas adjudicaciones se relacionan con las donaciones realizadas por el entonces vicepresidente de los empresarios madrileños a Fundescam, que, de igual manera, habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales.
En cuanto a la división de piezas, la Fiscalía recuerda que es para simplificar la causa.
