¿Qué es lo que está pasando? Los ERTE declarados de fuerza mayor hace mes y medio todavía no han sido abonados a sus beneficiarios; los bancos están siendo muy restrictivos a la hora de dar préstamos avalados; el material sanitario que iba a venir a nuestro país o se ha tenido que devolver, por defectuoso, o no ha llegado; la movilización de recursos que hace un mes iba a ser de 200.000 millones de euros ya ha bajado en algo más de sesenta mil millones… Simple y llanamente, que debe de existir un problema de liquidez, de tesorería, que está tensionado las arcas del Estado. No es habitual que procedimientos de suspensión de empleo que a final del mes de marzo estaban aprobados por la autoridad laboral, el Servicio Estatal de Empleo todavía no los haya abonado. ¿Es porque se ha gastado mucho por la maldita epidemia? Ni mucho menos. Hagamos cuenta: hasta el momento, si las cifras no nos fallan, de gasto directo llevará el Gobierno comprometido algo más, no mucho más, de 20.000 millones de euros; y en avales, la última cantidad oficial rondaba los 24.000 millones. Comparen con el medio billón de euros del “bazooka” alemán. Y, ojo, los avales son unos instrumentos financieros que no drenan liquidez hasta que no se ejecutan por incumplimiento del prestatario; o sea, que tratándose de una administración pública todavía no se ha producido lo que en contabilidad se denomina consumo de recursos.
¿Entonces? Buceemos en algunos datos por si hayamos respuestas. El déficit público previsto para 2019 era el del 2%. Luego, subió, según el INE, al 2,7. La agencia europea Eurostat lo ha terminado fijando en el 2,83%, contabilizando la ayuda financiera. Es decir, que de una cantidad proyectada de desajuste financiero entre ingresos y gastos de 30.495 millones de euros (negativos) hemos pasado a 35.195 millones. También ha crecido el endeudamiento, aunque se quiera vender que en números relativos, o sea, en porcentaje, haya bajado del 97,6% sobre el Producto Interior Bruto en el 2018 al 95,5% en el 2019. Pero es que el PIB ha crecido. La realidad indica que en el 2019 hemos acabado más endeudados que en el 2018 en 15.514 millones de euros, lo que dificulta salir al mercado en busca de financiación. Estos quizá sean los motivos por los que nuestras cifras de ayudas se queden pequeñas con respecto al resto de países europeos. Incluso, en algunos de ellos se están prestando aportaciones directas a las empresas, teniendo en cuenta que lo principal es el tejido productivo. Es muy loable, y lo tenemos que decir, el escudo social que se ha querido tejer en España a diferencia de lo que ocurrió en la crisis del 2008, pero hay que tener en cuenta que buena parte de este se deja descansar también en hombros de terceros.
Y no solo la tesorería estatal está exhausta. Siguiendo el principio de que estábamos solos y parió la abuela, la sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania hecha pública el martes viene a complicar más aún las cosas en la previsión de financiación española. El Tribunal ha cuestionado el programa de compra masiva de deuda pública del Banco Central Europeo que lanzó Mario Draghi, al considerar que podría haber excedido sus competencias. No hay espacio para analizar hoy la sentencia, pero adelantamos ya que puede afectar a los planes de la actual presidenta, Christine Lagarde, en la compra de deuda soberana para ayudar a la salida de la crisis económica pospandemia. La estructura de la deuda española depende del sector exterior en buena medida, y la intervención del BCE es clave para eliminar grandes diferenciales entre el bono alemán y el español, que encarece mucho tomar dinero prestado. Mal panorama.
