Hablábamos ayer de tesorería pública exhausta. Hace unos días nos preguntábamos quién iba a pagar y cuándo este aumento de gasto público. Parece secuencia lógica que hoy nos introduzcamos en el capítulo de los impuestos. Si quieren que les transmita una impresión previa, ahí va: no dejo de estar asombrado oyendo a tirios y a troyanos. Me sorprendió que la ministra de Hacienda anunciase que no habrá ni nuevos tributos distintos de los que ya están en tramitación ni elevación de tipos. Y me sorprendieron en la misma proporción las declaraciones de Pablo Casado asegurando que el PP no admitiría una subida de impuestos.
O la memoria es corta o el desparpajo mucho. ¿Acaso no recuerda el incremento de tipos del IRPF a los 40 días de entrar en el Gobierno por parte de Mariano Rajoy? Probablemente me contestará que después se bajaron y por dos veces, pero en el 2016, y por poner un ejemplo, el tipo marginal del tramo superior de las rentas entre 20.000 y 30.000 euros –tramo en el que se encontraba el mayor porcentaje de asalariados del país: unos seis millones- era del 30%, frente al 28 en el 2011. Y las ventajas fiscales de aplicar marginales más reducidos a tramos inferiores se veían palidecidas ante la subida del IVA producida en el 2012: del 18 al 21% en el tramo general y del 8 al 10% en el reducido. Y eso sí que no se alteró: los 8.000 millones de euros de excedente de recaudación debidos a la subida del principal impuesto que grava al consumo eran muy golosos.
Admitido como inevitable el crecimiento de la iniciativa pública en tiempos de crisis para alentar a la economía, y por lo tanto la expansión del gasto público, la cuestión deviene en cómo se financia el déficit subsiguiente. Y es aquí donde se genera la discusión doctrinal. Si los impuestos suben, aunque en un primer momento puedan aumentar el ingreso recaudatorio, se corre el peligro de desincentivar la actividad económica y la demanda agregada, lo que a la larga derivaría en una bajada de la recaudación; y si los impuestos no suben –Alemania incluso ha bajado el IVA de hostelería del 19 al 7% durante un año-, los deseables aumentos temporales del gasto público pueden tener problemas de financiación al registrase una desproporción entre esos gastos y los ingresos –déficit-. El bucle es de libro, pero el nudo gordiano se suele resolver casi siempre con la frase de Benjamin Franklin: “En este mundo solo hay dos cosas seguras, la muerte y los impuestos”.
Y en esas estábamos cuando se ha conocido el informe que valora el Plan de Estabilidad enviado recientemente por el Gobierno a Bruselas. Lo ha realizado el organismo encargado de velar por las cuentas públicas (AIREF), y es demoledor. En primer lugar, testifica que “la posición fiscal de partida representa una dificultad añadida a la hora de afrontar los retos de la crisis”, y simplemente no se cree las previsiones de Hacienda en cuanto a recaudación tributaria. Según el Ejecutivo, los ingresos por IRPF caerán un 2% mientras que el IVA retrocederá un 5%, situación que no casa con el desplome del consumo, estimado en un 10%. Por ello, mientras que en el Plan se recoge que los ingresos públicos se colocarán en el 41,2% del PIB, la AIREF cree que a lo sumo alcancen un 39,5%. La diferencia no es baladí: 15.000 millones de euros, prácticamente el programa de ayuda al desempleo del 2019. Por otra parte, el endeudamiento público puede alcanzar el 124% en el 2021.
Conclusión: a corto plazo hay que seguir con programas públicos de incentivación de la economía, pero a medio plazo habrá que introducir la disciplina fiscal que reconduzca el desfase de las cuentas públicas y procurar el aumento de ingresos; en palabras llanas: recortes y subidas impuestos.
