En 1992 realicé un viaje con otros colegas de la Unión Europea a la antigua República Democrática de Alemania. Estaba en vigor el Plan RECHAR de reconversión de las comarcas mineras, y visitamos las minas de lignito del país, cerca de la frontera con Polonia. Alemania llevaba ya tres años de reunificación, pero las diferencias entre este y oeste seguían siendo palpables. Me impresionaron las terribles huellas de esas minas a cielo abierto en el paisaje. Pero no fue lo único. Todo el viaje estuvo mal organizado; los horarios no se respetaron; para qué hablar de la hostelería. Los parados pululaban por el centro de los pueblos con un sempiterno vaso de cerveza en la mano. ¿Pero no eran iguales de alemanes que los de 500 kms más al oeste? ¿O tendría razón uno de los asistentes al asegurar que son las leyes del mercado las que impulsan el bienestar y hacen mejorar a las personas? El conocer la realidad derriba mitos; ideas preconcebidas; conceptos generales que como pompas de jabón se estrellan al tocar tierra.
Otro de los mitos es el de que los países del sur viven de las ayudas del Estado, generando lo más parecido a una economía subsidiada. No voy a negar la importancia que los fondos estructurales han tenido para el desarrollo de infraestructuras de nuestro país en la primera mitad de los noventa. Pero de las ayudas estatales se benefician todos. El indicador (“scoreboard”) de la Comisión Europea señala que Alemania y Austria, por citar dos ejemplos, concedieron a sus empresas tras la crisis del 2008 el triple de ayuda pública (con la aprobación de la UE) que Italia o España. Alemania concentra ella sola la mitad de las subvenciones extraordinarias aprobadas por Bruselas para las empresas. Parece una regla no escrita que en el sur se financian infraestructuras y en el norte la competitividad de las sociedades mercantiles.
Y en esto llegó la sentencia del Tribunal Constitucional alemán conocida el pasado martes. El Tribunal ha pedido al Bundesbank que aclare en tres meses si el Banco Central Europeo actuó con proporcionalidad en la adquisición masiva de deuda que realizó a partir del 2015, y, paralelamente, si se extralimitó en su mandato fundacional de procurar solo la estabilidad de los precios. Hay que recordar que el BCE se hizo con 2,6 billones de euro de deuda soberana de países con una desorbitada prima de riesgo –diferencial con el bono alemán-. Esta actuación sirvió para estabilizar la economía europea prácticamente hasta el 2018. ¿Qué supone la sentencia? Por supuesto que una convulsión política en Alemania –el recurso fue interpuesto, entre otros, por el fundador del partido ultraderechista Alternativa para Alemania- y en caso extremo –en el que no creemos- una prohibición al Bundesbank para que siga contribuyendo con sus recursos a las compras futuras. El BCE ha aprobado un nuevo programa de adquisiciones de 750.000 millones de euros que aliviará la exhausta tesorería de países afectados por la pandemia. Parece que las cosas no van a cambiar, entre otras razones porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea habilitó en su día el plan de compras. El peligro es la politización. Que la extrema derecha alemana enarbole el mito de la ayuda al sur y del excesivo endeudamiento de estas naciones. Pero la alternativa es peor: si a Italia, con una deuda esperada del 170% de su PIB, se le dificulta el acceso al mercado –aunque sea para refinanciarse: deuda para pagar la deuda- podría sufrir un “crash”. Y dejar de abonar los intereses de su débito. Que esto lo haga Grecia o Argentina, aún. Pero, ¿en dónde están invertidos los fondos de pensiones alemanes sino en bonos italianos y españoles, entre otros?
