Más de una vez hemos repetido desde esta columna que el gran problema de liquidez en las empresas puede derivar a la larga en un déficit de solvencia. Creímos desde el primer momento que el Gobierno no solo tenía que inyectar liquidez al sistema, sino que debía adoptar medidas que garantizasen el fortalecimiento de los recursos propios de las empresas. Para la consecución de este objetivo existen dos medidas posibles: la capitalización vía transferencias no reembolsables y la disminución de costes que de manera indirecta alivie la cuenta de resultados de las sociedades para que las pérdidas no consuman capital o los beneficios contribuyan al aumento de patrimonio.
No hay que perder la perspectiva de los próximos seis meses: van a ser capitales en la supervivencia de pymes y de autónomos. Es posible que en estas próximas semanas haya un repunte de la demanda y otra vez florezca la ilusión de los brotes verdes de los que el otro día habló la ministra Calviño sin que le atemorizara el mal precedente de su antecesora la ministra Salgado. El otoño va a ser la piedra de choque. Por ello es muy importante, desde el lado de los costes, que el Gobierno prolongue hasta el mes de septiembre los ERTE, e incluso que en algunos sectores esa prolongación se extienda hasta final de año. Y que para estimular la demanda no suba ni el tipo general ni los especiales del IVA. El ejemplo de Alemania es muy sintomático, bajando tres puntos hasta final de año el tipo general, que ha quedado en el 16%. Todo ello no significa que minusvaloremos los planes sectoriales de la automoción y el turismo, los dos sectores que ayudaron a minorar los problemas en la Gran Recesión y que dotaron con su fuerza exportadora de una valor a una economía como la española muy dada en la década anterior a alimentarse de burbujas efímeras. Aunque sigamos sin comprender su tardanza.
Y si es importante el estímulo de la demanda y la disminución de los costes estructurales de las empresas, también lo es, como decíamos al principio, seguir con el apoyo a su liquidez y solvencia. La línea de avales ICO, con sus defectos provenientes más de la operativa de las entidades financieras que del propio instituto de crédito, ha servido para parar el golpe inicial, pero ahora, de cara al otoño, es necesaria una nueva inyección financiera.
A 31 de mayo, los datos ofrecidos por el ICO ofrecen una radiografía de la tipología de empresas que han utilizado la línea y de las necesidades de liquidez cubiertas. En Segovia, han sido 1.252 las mercantiles que se han acogido al programa, en ocasiones con más de una operación, dado que las pólizas de crédito superan en un 35% a los beneficiarios, lo que indica el reparto del riesgo que se ha producido entre distintas entidades financieras: uno de los requisitos para acceder a la línea de avales era el respeto a la cuota de riesgo –cuota CIRBE- de cada una de los bancos, para así evitar que estos aprovecharan la cobertura estatal para ampliar mercado. La media por operación ha sido de 94.415 euros, algo superior a la media de Castilla y León, pero bastante inferior a la media española, que se cifra en 124.000 euros. Las 1.252 empresas han recibido una media de 128.274 euros para cubrir sus necesidades transitorias de financiación –este era el objetivo del programa, vinculado a la superación del parón de actividad provocado por la pandemia-, cantidad también superior en poco a la media de Castilla y León, 124.000 euros, e inferior a los 170.000 euros de media a nivel nacional. Esperemos ahora que los fondos para la reconstrucción europeos y los 17 puntos del plan regional alivien los problemas que traiga el otoño. Que me temo no serán pocos.
