El presidente Mañueco se presentaba ayer en las Cortes de Castilla y León en su primer debate del Estado de la Comunidad desde que encabeza el ejecutivo regional. Es esta una tradición americana que el presidente González quiso incorporar en 1983 a la costumbre parlamentaria española y que generalmente se suele repetir, salvo algunas excepciones, a lo largo de las diversas legislaturas, tanto nacionales como regionales.
Los debates enriquecen y son el termómetro de la madurez de un sistema parlamentario y democrático. Pero deben concluir en unas mociones precisas que posean el máximo consenso posible. Si no, devienen en la enésima demostración de lo estériles que resultan las meras trifulcas sin otro resultado que cada cual siga en sus trece. Los partidos de Castilla y León han dado una muestra de consenso institucional pactando ochenta y seis propuestas que buscan la recuperación económica, el empleo y la cohesión social. Lo lógico es que ahora acuerden los créditos presupuestarios que hagan posible la continuación en otros ejercicios de estas y otras iniciativas concretas. La amplitud de miras de gobierno y oposición debería no tener fecha de caducidad por el bien de los castellanos y de los leoneses, por lo menos en lo que supone la parte mollar de unos presupuestos. El presidente Mañueco ha tendido la mano en su discurso de ayer. Lo que no significa que cada grupo mantenga después políticas propias y diferentes, como se deduce en el caso del impuesto de sucesiones entre parientes directos, hoy con la tramitación suspendida por mor del pacto de reconstrucción y que Mañueco persiste en su intención de “eliminarlo en cuanto las circunstancias políticas y económicas lo permitan”.
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