El 9 de diciembre del 2010, los periódicos europeos recogían que el ex presidente francés Jacques Chirac sería juzgado en el mes de marzo siguiente por los escándalos políticos-financieros generados tras su paso por la alcaldía de París entre 1977 y 1995. Nadie, ni francés ni foráneo, que estuviera en su sano juicio tuvo entonces la ocurrencia de solicitar un referéndum sobre Monarquía o República en Francia. Ni siquiera los partidarios más acérrimos de los derechos del duque D´Anjou.
Las andanzas del Rey Juan Carlos ni pueden ni deben modificar ninguno de los títulos jurídicos bajo los que se desarrolla en la actualidad la institución de la Monarquía en España; y si la soberanía nacional (artículo 1 de la Constitución española) alguna vez se decidiera por el cambio de forma de Estado tendría que ser siguiendo lo preceptuado en la Carta Magna, si es que queremos seguir siendo –que no creo que nadie lo dude- no solo un Estado democrático sino también un Estado de Derecho.
Cualquier otra iniciativa tiene por obligación jurídica que quedarse en el ámbito del deseo político o de la añoranza, que son ambas actitudes muy respetables y plenamente compatibles con una democracia madura como la española. Quizá algunos todavía no hayan asumido la importancia que tienen las formas en un Estado de Derecho, y que la ley no es un mecanismo que se puede saltar a la torera según sopla el aire; como tampoco la tutela efectiva de los jueces, que por cierto han dejado bien a las claras desde su órgano máximo, el Tribunal Supremo, al que está aforado el Rey Juan Carlos –¿qué es eso de emérito?; ¿qué norma lo titula así?-, que no hay razones para interponer medida cautelar alguna, y recuerda que el monarca no tiene abierta ninguna causa de investigación formal. Fue otro tribunal, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, quien condenó en cambio por fraude laboral al todavía portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, el pasado mes de septiembre; el mismo que desde su puesto se atreve a prejuzgar jurídicamente la conducta Juan Carlos I.
En este momento, no se puede entender la Constitución española sin la figura de distintas instituciones, entre ellas la Monarquía. Está a la misma altura que las Cortes Generales, el Gobierno o los órganos judiciales. Articula e integra con ellas el sistema democrático en España. Y como ellas está por encima de quien ocupa de manera provisional y personal su cargo. Es una garantía para el país que una institución ajena a los vaivenes políticos ejerza el arbitraje y la representación en el Estado y del Estado. Nuestro texto constitucional, que es absolutamente cuidadoso con las palabras, define a la Monarquía como símbolo de unidad y permanencia. Los dos reyes vivos han tenido oportunidad de demostrarlo con sus actos. Uno, ante la intentona golpista del 23-F. Otro, ante la revuelta desintegradora catalana. A nuestra salud como cuerpo social le viene bien una institución que dé estabilidad a lo que por su propia naturaleza tiende a la inestabilidad y al cambio. Y no incido en la importancia que ha tenido la figura de un rey como Juan Carlos I en la representación del Estado en el exterior por ser de todo punto obvio.
Como también roza la obviedad que la ejemplaridad debe ser algo consustancial con la ocupación de un cargo público. Y más si es el representante de la más alta magistratura constitucional, con una legitimidad histórica que la propia Carta Magna asume. Pero nunca una conducta personal puede afectar al concepto y al sentido de una institución, que se eleva sobre ella por el amparo y diseño que la ley de leyes, la máxima norma que permite civilizadamente la convivencia en una sociedad, le otorga.
