Un gentil lector de esta columna me ha escrito mostrándose comprensivo con el recelo de los habitantes de las antiguas nueve Provincias del Norte —léase Holanda— ante las ayudas a los países del sur con ocasión de la crisis del coronavirus. “No tienen por qué pagar ellos la falta de previsión y las alegrías de los demás”, dice. “Esto no es óbice para que se corrijan los privilegios de los que goza por parte de la UE y que usted señala en su artículo”, apostilla. Aprovecho la ocasión que me ofrece la misiva para aclarar algunas cuestiones. El Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede), de donde van a salir alrededor de 240.000 millones de euros de ayudas dentro de un paquete de medio billón, no financia sus créditos de un fondo común aportado por los países, sino de deuda que se coloca en el mercado financiero, y que después será reintegrada por los Estados beneficiarios. Solo en caso de que se produjera un incumplimiento, la obligación sería asumida por la Unión Europea en su conjunto y prorrateada entre sus miembros. Y pongo un ejemplo. A España en el 2012 le concedió el Mede 100.000 millones de euros destinados de manera finalista a la recapitalización de entidades financieras. Solo utilizó 41.000 millones. Ya se han devuelto más del 40% de esa cantidad, incluso en ocasiones adelantándose a los plazos. El gobierno de Mariano Rajoy quiso precipitar las amortizaciones para despejar cualquier sombra de duda, quizá recordando que el anterior presidente del Eurogrupo, el holandés, por supuesto, Jeroen Dijsselbloem, acusó a los países del sur de gastarse el dinero en “alcohol y mujeres” —literal, y se negó a disculparse—. Por lo que por el momento ni un euro le ha costado al contribuyente holandés las aportaciones de esta naturaleza. A este nuevo crédito del Mede podrán acudir los países con el límite del 2% de su PIB, y con el compromiso de su reembolso. Y para atender “gastos sanitarios”. Por lo tanto, España podrá acceder a 24.900 millones de euros, que tampoco es para tirar cohetes. Este mecanismo es muy efectivo en un escenario de tipos de interés altos, o con primas de riesgo nacionales por las nubes, pero en estos momentos su practicidad se ve limitada.
También las empresas españolas necesitan financiación para salir de la crisis económica a la que las ha conminado la pandemia. El Gobierno ha liberado el segundo tramo de 20.000 millones de euros en avales antes de lo previsto por la avalancha de solicitudes crediticias. Asimismo, en su línea de tibieza, ha aplazado en un mes las obligaciones tributarias que vencían el próximo día 20 de abril. Poco plazo y poca ayuda parece. En lo referente a la línea de avales, algunas entidades financieras están primando a sus clientes preferentes —aquellos con buen rating interno y con solvente cartera de negocio— y derivando a los demás a otras entidades o a productos que no cuentan con el aval del Gobierno —un aval que tiene su precio—pero sí con otras garantías que no les obliga a consumir capital. Una buena parte de pymes han sufrido a lo largo de su trayectoria problemas de liquidez que les han compelido a aplazar un pago o refinanciar un crédito. Pero siguen en la brecha y no merecen un trato discriminatorio. Estamos en una situación excepcional y a ello se debe la medida excepcional del aval estatal. El coste del rescate bancario español —datos oficiales del 2018, hoy será superior— se elevaría a 65.725 millones de euros, de los que, según informe del Banco de España de la misma fecha, solo se recuperarán 14.785 millones. Es el momento de que ese esfuerzo repercuta en empresas que pasan ahora por las dificultades que ellos —bancos y cajas— sufrieron antes.
