Irremediablemente el tiempo pasa. Estamos a finales de junio y todavía no está resuelta la expansión de los ERTE más allá del día 30. Se encalla además el programa de reparto de los 750.000 millones de euros que concibió la Unión Europea como plan de choque para la recuperación económica. Países como Holanda, Suecia, Dinamarca y Austria están empeñados en poner condiciones que en un escenario a medio y a largo plazo caen por su propio peso, pero que en un corto plazo su discusión puede conllevar un retraso que resultaría letal para el empleo, cuando no, en un escenario de continuos rebrotes, ralentizar la recuperación de la actividad económica más de lo deseado. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, lo ha dicho con meridiana claridad: “el peor golpe en el mercado laboral está todavía por llegar”. Eso significa que la tasa por desempleo en la región europea puede alcanzar como media el 10%. España multiplicaría por un coeficiente cercano al 2,4 esa previsión, según estimaciones del Banco de España.
Quiere ello decir que es urgente una postura clara del Gobierno sobre la extensión de los ERTE si no quiere que el gasto público se ahorre las cotizaciones sociales y el pago de nóminas, pero crezca con el desembolso del desempleo. No es a nosotros a quienes nos corresponde lanzar ideas, pero por si las moscas ahí va una: que se incentive el rescate de los trabajadores eximiendo hasta que sea necesario la aportación de la empresa y de los operarios a la Seguridad Social. Esa medida debería que ir acompañada de una modificación de la ley concursal española, cuyo Decreto legislativo no lleva en vigor ni dos meses. El Derecho concursal se reivindica como una herramienta fundamental para la conservación de tejido empresarial y empleo, no como un paso que insoslayablemente deba culminar en la insolvencia de empresas que mantienen intactas su viabilidad pero cuya ausencia de liquidez las aboca al cierre. España tiene pendiente de transponer la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por razones que se nos escapan no ha aprovechado para realizar esta acción que consideramos fundamental en esta coyuntura.
Siempre hemos defendido la tesis de que desgraciadamente la falta de tesorería en pequeñas empresas y autónomos, en ocasiones provocada por la ausencia de pagos de clientes, va a dar al traste con negocios que teniendo su hueco en el mercado han ido siempre con la liquidez y capitalización tan justas que cuando el circuito de pagos se trastoca o la demanda se contrae pasan verdaderas penurias. Las líneas ICO han permitido, y no en todos los casos, eliminar las reticencias expansivas de los intermediarios financieros, escaldados como estaban de la crisis de la Gran Recesión, pero ahora habría que dar otra vuelta de tuerca a los mismos instrumentos o facilitar otras aportaciones que faciliten la formación bruta de capital aprovechando las transferencias de los programas europeos. Pero no hay tiempo que perder. El tiempo pasa y la soga aprieta.
Hasta el gobernador del Banco de España ha apostado en su comparecencia de ayer porque no se retiren antes de tiempo las medidas de apoyo a la empresa lanzada por el Gobierno en la pandemia. Puede que el déficit supere este año incluso el 11%, pero más terrible es contemplar cómo el PIB se descalabra en el segundo trimestre por encima del 20%. Y ello sin contar con la incertidumbre que se proyecta sobre el futuro, y más si se confirman la extensión de rebrotes por toda Europa. Y lo que se habla para el Gobierno debe extenderse al resto de Administraciones, sin olvidarse el uno y las otras del necesario saneamiento de las cuentas públicas a medio plazo.
