El reelegido presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, Andrés Palomo, podría no terminar su cuarto mandato si se cumplen las previsiones del Ministerio de Justicia de poner en vigor como tarde en el año 2015 la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial.
El todavía anteproyecto o propuesta ministerial contempla que las audiencias provinciales desaparecen de la demarcación judicial, siendo asumidas sus competencias en parte por los tribunales de instancia que se crearán en todas las provincias y que conocerán en primera instancia y, en parte, por los tribunales superiores de justicia, en apelación.
Palomo, que junto a otros presidentes de audiencias participó a finales el pasado mes de mayo en una reunión celebrada en Santander, se remitía ayer a las conclusiones de ese encuentro y destacaba la extrañeza que produce la supresión de estos órganos provinciales “que en general funcionan muy bien, con normalidad y dan una respuesta eficaz, de ahí que se entienda mal la medida”.
El magistrado recordaba una propuesta alternativa del Consejo General del Poder Judicial que no contempla la supresión de las audiencias aunque sí un reajuste de los partidos judiciales.
Además, señalaba el efecto disuasorio que tendrá el hecho de que para apelar una decisión judicial en el ámbito civil habrá que recurrir, en el caso de Segovia, al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos. Si a esto se suma el efecto que ya se está notando por la reforma llevada a cabo en materia de tasas judiciales, el acceso a la Justicia se dificultaría más para un número importante de ciudadanos.
Palomo admitió que desde que entraron en vigor las nuevas tasas judiciales se ha reducido el número de recursos de apelación en el orden Civil y, sin embargo, han aumentado los asuntos penales porque muchos litigantes intentan colar sus pretensiones por esa vía.
Sin duda, esta circunstancia ha empeorado la situación de saturación que ya sufría el único juzgado de lo penal de Segovia. “La problemática de este juzgado es muy específica, porque soporta más carga de la que debería tener pero no alcanza la de dos juzgados, al menos en lo que se refiere a los señalamientos desde un punto de vista estricto”, comenta el presidente de la Audiencia Provincial.
Añade, sin embargo, que el Penal de Segovia tiene otro problema difícil de solucionar que es el de las ejecutorias de sentencias, “porque ordenar un ingreso en prisión no es un problema pero para las penas de trabajos en beneficio de la comunidad, o las prohibiciones de acercarse a una pareja o multas fraccionadas, las ejecutorias siguen en marcha a veces en varios ejercicios”, comenta. Por ese motivo este juzgado ha llegado a acumular hasta 2.000 ejecutorias y más de 500 juicios en un solo año. El pasado 12 de abril, el Consejo General del Poder Judicial aprobó un plan de refuerzo que ha permitido que ahora mismo esté funcionando don dos juezas.
Otro juzgado que registra un nivel de trabajo muy alto es el de lo Social, debido a los conflictos laborales derivados de la crisis económica, “aunque hay que esperar que sea de carácter coyuntural nadie sabe qué va a ocurrir en los próximos meses”, indica Palomo.
Por otro lado, el Registro Civil, dependiente del Juzgado número 3, está también apurado porque ha recibido más de un millar de expedientes de nacionalización, al vencerse este año el plazo fijado en el último proceso de regularización aprobado en la anterior legislatura por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Juicio por homicidio en el último trimestre.- E l presidente de la Audiencia de Segovia, Andrés Palomo, explicó ayer que el caso de mayor relieve que juzgará el órgano provincial en lo que resta de año será el relacionado con la muerte violenta de Rosa María. Apuntó, además, que probablemente la vista oral se celebre el último trimestre de este año.
De momento, la Audiencia no puede señalar la fecha del juicio porque el sumario está abierto y ahora las partes pueden solicitar que se realicen nuevas diligencias.
Una vez practicadas, en su caso, las partes, tanto las acusaciones como la defensa de los detenidos, que son varios, tendrán que calificar los hechos y será a partir de entonces cuando ya se procederá al señalamiento del juicio.
Palomo comentó que no se trata de trámites fáciles entre otros motivos porque hay detenidos en relación con la muerte de la mujer, otros por encubrimiento de los presuntos homicidas o asesinos y en tercer lugar se encuentra algún detenido por receptación de los objetos robados a la víctima.
