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Analizan el móvil de la expareja de la mujer del vídeo que se suicidó

por EUROPA PRESS
31 de mayo de 2019
La mujer se suicidó el pasado sábado después de que un vídeo sexual se difundiese entre la plantilla de la fábrica.

La mujer se suicidó el pasado sábado después de que un vídeo sexual se difundiese entre la plantilla de la fábrica.

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La Policía Nacional analizó el móvil de la expareja de la mujer de 32 años que se suicidó el día 25 tras la difusión de un vídeo sexual y que fue puesto en libertad sin cargos después de declarar de forma voluntaria este jueves.

Fuentes próximas a la investigación aseguraron que el hombre entregó su teléfono móvil a la Policía y respondió a las preguntas de los agentes, sin que estos encontraran ningún indicio de criminalidad para imputarle delito, por lo que quedó en libertad y por el momento no se ha tomado medida alguna contra él.

Ahora, los agentes encargados del caso analizan de forma exhaustiva su móvil y no descartan tomar declaración a otros trabajadores de la planta de Iveco, en Alcalá de Henares (Madrid), donde la mujer trabajaba, indicaron las fuentes.

Su expareja se presentó este jueves a las cuatro de la tarde en el cuartel de la Guardia Civil en Mejorada del Campo, en Madrid, localidad en la que reside, pero fue puesto a disposición de la Policía, que investiga el caso.

La mujer, de 32 años, se suicidó el pasado sábado después de que un vídeo sexual grabado hace cinco años se difundiese entre gran parte de la plantilla de su empresa.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares, el mismo que se encargó del levantamiento del cadáver, abrió este jueves una investigación por posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Fuentes de la investigación informaron de que la difusión del vídeo comenzó hace alrededor de un mes, no una semana, como se había apuntado inicialmente, en tanto que apuntan que no existe un solo vídeo, sino cinco grabaciones de contenido íntimo y cuya divulgación empezó desde “dentro de la propia empresa”.

El Código Penal castiga con entre tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad y aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación.

Según explicó CGT Iveco cuando se conoció la noticia, los vídeos fueron grabados hace cinco años y, al ser compartidos entre los compañeros, la afectada se dirigió a Recursos Humanos de la empresa para explicar la situación; este departamento le aconsejó denunciar los hechos pero ella rehusó hacerlo.

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