El PP ha exigido hoy al alcalde, Pedro Arahuetes, que explique las relaciones profesionales, directas o indirectas, que mantuvo o mantiene con la propiedad del polémico edificio en construcción de San Marcos y que, en este sentido, se ‘inhiba’ de participar personalmente en las posibles negociaciones con los dueños para impedir un inmueble “que ha creado alarma social”.
El viceportavoz del PP, José Antonio Garvía, desveló hoy que antes de acceder a la Alcaldía, y cuando ejercía de letrado en los tribunales, Pedro Arahuetes fue el abogado que defendió a los propietarios del inmueble en un caso sobre servidumbres de paso en una vivienda de la ciudad, según una sentencia de 5 de diciembre de 2002. Garvía llegó hoy a apuntar que “no hemos visto indignado” al alcalde al conocer la propuesta económica de la propiedad, de 2,2 millones de euros por derribar una planta, sino que “más bien ha transmitido con absoluta fidelidad y esmero las reivindicaciones de la propiedad, aceptado la propuesta” e “incluso sumando otros 1,8 millones de euros” del coste fiscal que también correría a cargo de la administración. “Da la sensación que es algo presideñado y orquestado”, ha dicho Garvía, que ha pedido a Arahuetes que “se moje” en el caso y que admita “posibles incongruencias del Plan Especial que podía haber subsanado” cuando la propiedad pidió la licencia.
Por su parte, Arahuetes, en declaraciones a EL ADELANTADO, señaló que era cierto que los propietarios del inmueble fueron clientes suyos hace 10 años. “Fue cliente mío hace diez años, pero no tengo ninguna vinculación, como tampoco con los miles de clientes que tuve entonces, durante 20 años tuve abierto un despacho en Madrid y otro en Segovia” y “eso no me impide ni me ha impedido ejercer como alcalde con toda honradez y con toda legitimidad”. “Y más en ese caso concreto donde no tengo nada que negociar con la propiedad, porque esta tarea corresponde a la Junta”, sentenció.
