Millón y medio de españoles viven con 199 euros al mes. Lo dice el último informe sobre la miseria en España, de la Fundación Tomillo, con datos oficiales recogidos en la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE). Segovia, que perdió 127 empresas el último año, tiene 11.872 parados, según los datos del mes de mayo, de los que, aproximadamente, el 57% ya no recibe ningún tipo de prestación.
Con este escalofriante panorama, el número de familias que viven situaciones dramáticas por la escasez de recursos en la ciudad de Segovia va en aumento y no solo de población inmigrante, sino también autóctona, según admitió ayer el concejal de Servicios Sociales, Andrés Torquemada.
Entre las víctimas de esta penosa esta situación están los niños. Acabado el curso, sustituyen los comedores escolares por la alimentación en sus casas, donde, en no pocos casos, y pese al esfuerzo de sus padres, la falta de recursos obliga a una alimentación menos saludable, o, en el peor de los casos, más reducida o con pocos productos frescos.
Evitar la desnutrición infantil y, en todo caso, garantizar que los niños accedan a una alimentación saludable, con productos frescos y variados, es el objetivo de un programa que pondrá en marcha este verano la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento y del que podrán beneficiarse al menos 40 niños, pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad.
La alcaldesa, Clara Luquero, acompañada por el responsable de Servicios Sociales, anunció ayer el lanzamiento de este programa dirigido a familias que sufren dificultades económicas, como aquellas en los que los padres se encuentran en desempleo y no cobran ninguna prestación, salvo la renta garantizada de ciudadanía.
Los técnicos de los Centros de Acción Social (CEAS) del Ayuntamiento desarrollan actualmente un «trabajo de campo», en palabras de Luquero, en el que ya han detectado situaciones de emergencia ; y al menos 40 niños potenciales beneficiarios de este programa. La propuesta municipal tiene, como particularidad, que vinculará la comida con el ocio en verano. «No vamos a sacar a los niños de sus casas para que vayan a comer, lo que les estigmatiza, sino que acudirán a un campamento, con diferentes talleres, y ya que están allí, comerán», comentó la alcaldesa. Los talleres se desarrollarán entre el 1 de julio y el 31 de agosto y formarán parte de las actividades de ocio compartido que se desarrollarán en distintos centros de la ciudad.
La alcaldesa afirmó que atender las necesidades de alimentación infantil en la ciudad era una «prioridad absoluta» para el Ayuntamiento, que destinará los recursos económicos que sean necesarios para atender este problema. «Lo que sea necesario, no que creo que haya nada más prioritario que esto», dijo Luquero. Torquemada precisó, por su parte,que los campamentos se desarrollarán en julio y agosto y que su departamento había calculado un gasto de 250 euros por niño, por lo que se estima que las arcas municipales aportarán unos 10.000 euros.
El responsable de Servicios Sociales aseguró que el Ayuntamiento se había «adelantado» a la decisión de la Junta de Castilla y León. Torquemada se enteró ‘por la prensa’, de la decisión regional de ampliar, con una inyección de 1,5 millones de euros, las ayudas para la alimentación de niños; en compensación por el cierre en verano de los comedores escolares. El responsable municipal conversó con la Gerencia de Servicios Sociales y le confirmó este extremo. La ayuda de la Junta y que gestionará el Ayuntamiento, de la que aún se desconoce su cuantía, se enmarcará en el acuerdo marco para la cofinanciación de los Servicios Sociales y permitirá ampliar la partida para ayudas en estado de necesidad o de emergencia.
En este sentido, el programa que ahora lanza el Ayuntamiento para este verano ‘complementará’ otros planes que ya tiene en marcha el consistorio, en colaboración con otras entidades e instituciones.
Uno de esos programas es el de reparto de lotes de alimentos procedentes del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) del que se benefician cerca de 2.000 personas, unas 400 menores de 8 años. Este programa de distribución de alimentos no perecederos, que en su última convocatoria registró más de 500 peticiones, se lleva a cabo tres veces al año.
Otro programa es el que concede «Ayudas en Estado de Necesidad o Emergencia». Según explicó Torquemada, en el ejercicio de 2013 se concedieron 203 ayudas, por un importe aproximado de 100.000 euros. La mayoría, 114, se destinaron a atender gastos de alojamiento y vivienda, alquiler y suministros, como gas o electricidad. Para cubrir necesidades básicas o de alimentación infantil se otorgaron 53 ayudas, por importe de 24.700 euros.
Torquemada indicó que la partida económica [procedente de la Junta de Castilla y León], correspondiente al acuerdo marco sobre Servicios Sociales, no se ha visto incrementada significativamente en los últimos años; apenas entre un 10 y un 15% en los últimos años. Sin embargo, otros programas, como el destinado a atender casos de insolvencia hipotecaria, habilitados por la Junta, dotado con entre 28.000 y 30.000 euros, no llegó a cubrirse con sus destinatarios; entre otras razones, dijo Torquemada, porque los requisitos que exige la administración regional «son muy estrictos», como por ejemplo que todos los miembros adultos de la unidad familiar estén en situación de desempleo. «Al final no se llega a destinar todo ese importe y se puede destinar a incrementar las ayudas en estado de necesidad», dijo.
Con respecto al programa que lanzará este verano el Ayuntamiento, la alcaldesa y el concejal de Servicios Sociales indicó que serán directamente los trabajadores sociales los que se dirijan a las familias que se consideren en riesgo de vulnerabilidad. De todas formas, todas aquellas familias que se encuentren en situación de solicitar este programa podrán dirigirse a los diferentes CEAS, donde serán atendidas sin cita previa. En cuanto a los requisitos para acceder al programa, Torquemada admitió que «aquí no podemos poner baremos» y apuntó que los profesionales de los CEAS son conscientes de que estas familias precisan de una «atención preferente».