El Gobierno municipal socialista está dispuesto a dar batalla y no se resigna. Fuentes próximas a Alcaldía confirmaron a EL ADELANTADO que ayer lunes el Ayuntamiento de Segovia presentó ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia el documento de alegaciones al auto judicial por el que este tribunal ha paralizado, de forma cautelar, la «consulta/encuesta» promovida por el alcalde, Pedro Arahuetes, sobre el Palacio de Congresos de Segovia en La Faisanera; el proyecto que capitanea la Diputación Provincial, con el apoyo financiero de la Junta de Castilla y León, en el complejo Segovia21, en Palazuelos de Eresma.
Las alegaciones han sido elaboradas, este pasado fin de semana, por la Secretaría General del Ayuntamiento y los servicios jurídicos del del consistorio; y se centran en que la iniciativa del alcalde de realizar esta «encuesta» queda amparada, entre otros, por el artículo 69 de La Ley de Bases de Régimen Local, que regula los instrumentos a disposición de los municipios para fomentar la participación ciudadana.
Como quiera que la consulta está convocada para celebrarse entre los días 21 y 30 de junio, el Juzgado deberá ofrecer una respuesta casi ‘inmediata’, a más tardar el próximo jueves. Ante la resolución que adopte el juez, cabría la presentación de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).
Alcaldía recibió el auto judicial, vía fax, a las 14,10 horas del pasado viernes. La suspensión cautelar de la «consulta/encuesta» se produjo tras la impugnación presentada por parte del delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano. El juez dictó el auto en base al informe aportado por la Delegación del Gobierno y suscrito por la Abogacía del Estado. Este informe, que fue solicitado a instancias de la Subdelegación del Gobierno en Segovia, considera que la iniciativa del alcalde, Pedro Arahuetes, no cumple con los requisitos recogidos en el artículo 71 y siguientes de la Ley de Bases de Régimen Local, que establece, entre otras condiciones, la necesidad de que la consulta se produzca tras un acuerdo de pleno y contando con la autorización del Gobierno de la Nación.
A juicio de Arahuetes, el juez adoptó esta decisión con una información «sesgada» porque, según recalcó, la «encuesta popular» que plantea el Ayuntamiento «no infringe ningún precepto» y se ajusta al artículo 69 de Ley de Bases de Régimen Local sobre participación ciudadana. El alcalde lamentó la «cobardía» del PP que ha emprendido acciones legales utilizando instituciones del Estado. En su opinión, el PP teme que los segovianos «acudan a votar masivamente y en contra de ellos».
Por su parte, el líder municipal del PP, Jesús Postigo, en declaraciones recogidas por este diario, ha asegurado que desde el grupo municipal del PP no se ha instigado para que el Gobierno de la Nación tomara la iniciativa para anular la consulta/encuesta de Arahuetes. . Postigo añadió que ‘ignoraba’ el propósito de la Delegación del Gobierno, aunque los concejales del PP suscribimos» la decisión, puesto que «se incumple claramente» el artículo 71 de la Ley de Bases de Régimen Local establecen unos requisitos para las consultas populares que no se daban en esta oportunidad».
El alcalde ha asegurado que si el juez suspende de forma definitiva esta «encuesta», el Gobierno municipal “buscará otras fórmulas legales para que la ciudadanía pueda expresar su opinión sobre este tema».
