La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares consideró que el “beneficiario” del uso “absolutamente discrecional” de los fondos públicos por parte de la Administración de la Junta de Andalucía “fue el propio partido del gobierno (PSOE), al engrasar durante años y de esta forma las relaciones con empresarios y sindicatos, lo que le generaría réditos políticos y electorales”.
Así lo puso de manifiesto la magistrada Mercedes Alaya en la exposición razonada elevada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con los indicios existentes contra las cuatro personas aforadas señaladas en la misma, como son los exconsejeros de la Junta Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio.
En este sentido, y en relación al ánimo de lucro por el que vio acreditado el delito de malversación, Alaya puso de manifiesto en su exposición, consultada por Europa Press, que, en el caso ERE, “el beneficio sería plural, pues en primer lugar y de manera inmediata los beneficiarios serían terceros próximos al poder político, al tratarse siempre de subvenciones a personas o empresas con influencia en la Junta, ya fuera a través de los cargos de ésta última o de los sindicatos, y sin publicidad”.
“Teniendo en cuenta que los sindicatos cobraban importantes comisiones por el pago de tales subvenciones, y que en virtud de las mismas resultaron beneficiadas más de 260 empresas, el beneficiario, de manera mediata o indirecta del uso absolutamente discrecional de los fondos públicos por parte de la Administración fue el propio partido del gobierno (PSOE), al engrasar relaciones con empresas y sindicatos”.
