Desconcertados, sorprendidos, indignados y asustados se encuentran muchos segovianos, clientes minoristas de entidades como Caja Segovia y Caja Madrid —hoy Bankia—, Caja España-Duero —ahora banco CEISS—, y otras entidades como BBVA o La Caixa, por la suerte que puedan correr sus ahorros “atrapados” en productos financieros como participaciones preferentes y obligaciones subordinadas.
Aunque ninguna de las entidades ha hecho públicos el número de clientes que contrataron este tipo de productos híbridos, y ni siquiera la Comisión Nacional del Mercado de Valores ofrece una cifra total, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (ADICAE) estima que sólo en la provincia pueden ser en torno a 3.500, “tirando a la baja”, según explica el coordinador de la asociación en Castilla y León, David Solis, que añade que alrededor de 2.000 se corresponden con clientes de Caja Segovia.
Entre estos clientes se encuentra una segoviana, madre de dos niños, que contrató para ellos subordinadas en la oficina de su barrio por una cantidad en torno a los 10.000 euros, con la esperanza de conseguir algún interés para cuando sean mayores de edad y dedicarlos por ejemplo a sufragar los gastos de estudios universitarios. Esta familia llevaba casi una década contratando este tipo de productos financieros y lo consideraba “algo seguro”, entre otras cosas porque el propio contrato garantizaba el depósito inicial, según asegura.
Esta madre añade que se trata de los ahorros de sus hijos procedentes de diferentes cantidades aportadas por familiares (abuelos, tíos, etc.) por ejemplo con ocasión de su primera comunión y, por ese motivo, no daba crédito cuando hace algo más de un mes recibió una llamada de su oficina de toda la vida que alertaba de que el dinero ingresado podía sufrir una quita de hasta el 42%.
“Me parece muy gordo, una vergüenza, porque es el dinero de mis niños; el contrato vencía en 2015 y una de las opciones era destinarlo a un viaje de estudios a Irlanda para que mi hija aprendiera Inglés”, explica esta perjudicada.
Al igual que el resto, la entidad le ha comunicado que las obligaciones subordinadas se canjearán por acciones. “Pero yo no quiero acciones, no soy una inversora de riesgo ni quiero especular con el dinero de mis hijos”, comenta.
De momento ha solicitado el arbitraje en su oficina de Bankia y se encuentra a la espera de la valoración que hará un experto de la empresa auditora KPMG; en principio independiente aunque elegida por los responsables de Bankia.
Sin embargo, el perfil de los afectados por las quitas y canjes de preferentes y subordinadas es el de personas mayores de 65 años, muchas de ellas residentes en el medio rural, que pusieron en manos de comerciales o directores de las sucursales de cajas y bancas gran parte de sus ahorros y que en algunos casos hasta desconocían la existencia de un contrato.
ADICAE ha presentado una demanda colectiva contra Caja Segovia y Bankia, a la que de momento se han adherido 146 socios de la provincia, por lo que considera comercialización fraudulenta, engaño, condiciones abusivas en los contratos y otras irregularidades contempladas en la legislación española y europea, por la gestión de estos productos de alto riesgo con clientes desprotegidos.
La asociación en Castilla y León indica que, aunque se lleva tiempo hablando de preferentes, en las últimas semanas, desde que se propuso a los titulares de subordinadas el canje por acciones, en la sede Valladolid no han dejado de recibir llamadas de afectados, que creían seguros sus ahorros, entre otros motivos porque iban recibiendo los intereses. ADICAE señala que es previsible un aumento de afectados que se sumen a la demanda colectiva.
Por su parte, la AUSBANC (Asociación de Usuarios de Servicios Financieros) alertaba ayer mismo de que el próximo martes, 28 de mayo, concluye el plazo para la recapitalización de Bankia, lo que implica que en esta fecha tiene que haberse producido el canje obligatorio de participaciones preferentes y deuda subordinada por acciones de la entidad para reforzar su solvencia.
Esta asociación insiste en que los preferentistas y titulares de subordinadas se convertirán obligatoriamente en accionistas de Bankia, lo que supondrá, a su vez, una quita del dinero depositado que calcula del 38 por ciento para preferentes y del 36% para subordinadas, de media.
Ante esta situación, prácticamente las asociaciones de usuarios y consumidores, y varios bufetes de abogados recuerdan las opciones a las que se enfrentan los perjudicados: el arbitraje (la solicitud debe presentarse antes del 30 de junio en las oficinas de Bankia), o la vía judicial, más lenta y con mayor coste inicial. Hasta el momento ha habido sentencias de todo tipo y el Tribunal Supremo prevé unificar jurisprudencia dentro de unas semanas.
