La información facilitada por la Concejalía de Obras, Servicios e Infraestructuras sobre el porcentaje de la red de abastecimiento municipal que todavía está formada por tuberías de fibrocemento no es muy precisa: más del 70% pero menos del 80%. Esto indica que, como mínimo, una quinta parte de la red sigue expuesta, aunque de forma muy limitada, a una sustancia nociva como el amianto.
Paloma Maroto, concejala del área municipal del ciclo integral del agua en Segovia, hablaba de no generar alarmismo con este tipo de informaciones en su intervención en el pleno de octubre de 2015, a raíz de una moción del grupo de Ciudadanos que solicitaba la supresión del fibrocemento en la red de abastecimiento a lo largo de 2016 y no salió adelante.
La edil socialista comentó entonces que el uso de las tuberías en sí no supone ningún riesgo para el consumo humano sino el manejo inadecuado del fibrocemento, de manera que las personas que de una manera continuada estén expuestas al polvo de amianto por la manipulación o fractura de las tuberías pueden tener mayor predisposición a sufrir algún tipo de cáncer.
Sin alarmismo pero con transparencia, lo cierto es que el Procurador del Común de Castilla y León, hace ya un año que reclamó a las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma “que tomen las medidas necesarias para sustituir de manera prioritaria las tuberías de fibrocemento de las redes públicas de distribución de agua potable”.
Si bien en su resolución de 11 de enero de 2017 el Procurador del Común se hace eco de diferentes estudios oficiales, como la última Guía para la calidad del agua potable de Organización Mundial de la Salud, publicada en 2006, que indica que si bien “la exposición al amianto por inhalación es cancerígena para el ser humano, los estudios epidemiológicos de poblaciones cuyas aguas de consumo contienen altas concentraciones de amianto han generado escasas pruebas convincentes de la capacidad cancerígena del amianto ingerido”, también recoge documentos más recientes del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social europeo que instan a la total eliminación del amianto y de los productos que los contengan.
La conclusión del Procurador del Común es que “se empieza a apuntar la posibilidad de efectos nocivos todavía no concretados respecto del amianto ingerido, siendo una de las vías posibles de introducción al organismo precisamente el agua de consumo, que puede transportar fibras de amianto”.
Recomienda por lo tanto este organismo independiente que se aplique el principio de precaución, teniendo en cuenta que la guía de la OMS tiene más de diez años y el estudio en el que se basa más de 20 años.
En general, los ayuntamientos de Castilla y León, y entre ellos el des Segovia, tienen planes de sustitución paulatina de las tuberías de fibrocemento pero el Procurador del Común recalca que hay que ir más allá del cambio de tuberías por su obsolescencia o envejecimiento, que ponen de manifiesto roturas o averías.
A su juicio, deben abordarse planes específicos con evaluación de riesgos de cada una de las instalaciones, priorizando las que presenten más degradación o afecten a más población, recogiendo los plazos correspondientes y teniendo en cuenta criterios de protección de la salud pública.
Últimos años
La alcaldesa, Clara Luquero, tomó la palabra en ese pleno de octubre de 2015 para afirmar que en la última década el Gobierno municipal socialista ha demostrado voluntad por la renovación de redes de abastecimiento en la ciudad y que en cada obra importante de pavimentación se renuevan pero insistió en que la sustitución completa no puede plantearse en solo un año, como exigía la moción de Cs.
Maroto recordó que la normativa española permite mantener las tuberías de fibrocemento hasta el final de su vida útil. “Claro que queremos cambiarlas, y lo estamos haciendo, tendremos menos averías, mejor servicio y más ahorro de agua”, exclamó.
Aunque llegó a decir, y han pasado más de dos años, que se había renovado el 80% de la red, a finales de 2017 señaló a una pregunta de El Adelantado que se habría cambiado entre el 70% y el 80%, imprecisión que también se extiende a los metros lineales renovados y pendientes, información que reclamaba asimismo la portavoz de Ciudadanos, María José García Orejana, quien al igual que el Procurador del Común considera necesario que se fije un plazo para su retirada total.
Lo cierto es que estas intervenciones en redes son costosas, y el Ayuntamiento de Segovia ha invertido desde 2014 a 2017, ambos incluidos, cerca de 600.000 euros, aunque después de un fuerte incremento del dinero destinado a este apartado en 2015 y 2016, el año pasado se registró un descenso significativo.
Hay que señalar que, a falta de datos más precisos, fuentes municipales estiman que la red de abastecimiento pública de Segovia ronda los 100 kilómetros.
Así, en 2014 el coste en abastecimiento ascendió a 81.470 euros, aunque no solo incluyó la renovación de redes, sino también caudalímetros, desinfección e impermeabilización de un sondeo, etc.
En 2015 la partida ascendió hasta los 152.323 euros distribuidos entre otras vías en la primera fase de la avenida Juan Carlos I, Vía Roma, Gil de Biedma, entre otras hasta alcanzar 1.268 metros lineales.
Al año siguiente casi fueron 200.000 los euros invertidos en renovación de redes de abastecimiento, y casi 2.000 metros lineales sumando la segunda fase de Juan Carlos I, más de 71.000 euros, avenida de la Constitución, más de 65.000, etc.
Por último, el año pasado la inversión bajó hasta los 137.850 euros y también los metros lineales de tubería, 1.010, según datos de la Concejalía de Obras, Servicios e Infraestructuras.
Como se recordará, en 2017 la partida más costosa en abastecimiento fue para la calle San Antonio de Hontoria (47.000), una parte pendiente en la avenida de la Constitución (32.000 euros) y otras menores en las calles de La Luz, Antonio Machado, Canonjías, Fuentemilanos, etc.
Saneamiento
En algunas de estas intervenciones también se ha sustituido la red de saneamiento, en la que por otro lado el Ayuntamiento ha invertido estos últimos cuatro años un total de 414.572 euros, según la información facilitada por la concejala Paloma Maroto, quien destaca actuaciones en una fosa séptica de Madrona, en un colector de Vía Roma (ambas en 2014, cuando el coste en saneamiento fue de 93.900 euros; al año siguiente sumaron 152.323 euros y 670 metros lineales en puntos como la carretera de Palazuelos, la intersección entre la calle Relojeros y la de José Zorrilla, Los Novillos y la plaza de Hontoria. De los 100.600 euros destinados a la red de saneamiento en 2016, más de 70.000 se quedaron en la avenida de la Constitución y los 67.750 euros del año pasado dieron para 185 metros.
Toxicidad del amianto de las tuberías
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- Prohibición del amianto. En España el uso del amianto —sustancia química que contienen las tuberías de fibrocemento— fue prohibido por Orden del Ministerio de la Presidencia de 7 de diciembre de 2001, por la que se traspuso la Directiva comunitaria que prohibía el uso y comercialización de todo tipo de amianto y de los productos que lo contuvieran, estableciendo, respecto al ya instalado, que estaría permitida su utilización hasta su eliminación o el final de su vida útil.
- Riesgo para la salud. El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece criterios sanitarios del agua de consumo humano y concretamente su artículo 14 indica respecto a productos de construcción como el fibrocemento que en contacto con el agua de consumo “por ellos mismos o por las prácticas de instalación que se utilicen, no transmitirán al agua de consumo humano sustancias o propiedades que contaminen o empeoren su calidad y supongan un riesgo para la salud de la población”.
- La adaptación tenía que hacerse antes del 1 de enero de 2012. Este último Real Decreto, en su disposición transitoria primera, establecía que antes del 1 de enero de 2012 debían haberse llevado a cabo las reformas y adaptaciones necesarias en las redes de distribución públicas y privadas y en las instalaciones interiores de edificios públicos y establecimientos con actividad pública o comercial.
- Organización Mundial de la Salud. Desde 2006, la Guía para la calidad del agua potable de la OMS señala que el agua se con amianto (o asbesto) por la disolución de minerales y menas que contienen amianto, así como por el procedente de efluentes industriales, la contaminación atmosférica y las tuberías de cemento de amianto (fibrocemento) en el sistema de distribución. La exfoliación de fibras de amianto de tuberías de cemento de amianto está relacionada con la agresividad del agua. Se sabe que la exposición de amianto por inhalación es cancerígena para el ser humano, los estudios epidemiológicos de poblaciones cuyas aguas de consumo contienen altas concentraciones de amianto han generado escasas pruebas convincentes de la capacidad cancerígena del amianto ingerido. “No se ha considerado necesario establecer un valor de referencia basado en los efectos para la salud para el amianto en el agua de consumo”. Sin embargo, desde 2006 a la actualidad son muchos los expertos que cuestionan la inocuidad de cualquier exposición al amianto, entre ellos Ken Takahashi, profesor de Epidemiología Ambiental y director del Centro Colaborador de la OMS desde la Universidad de Salud Ocupacional y Ambiental de Kitakyushu (Japón), quien ha señalado que “la máxima prioridad para reducir las ERA — enfermedades relacionadas con el amianto— es la prevención primaria, es decir, que se prohíba el uso de amianto en los países donde es legal y se prevenga la exposición de fuentes in situ en todos los países de uso histórico del amianto”.
- Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. La IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) sostiene que el amianto o asbesto es una causa probada de cáncer en humanos, y todas las formas de amianto se han descrito como carcinógenos humanos. En España, la tasa de incidencia se sitúa en torno a los 0,35 casos por cada 100.000 habitantes/año y es responsable del fallecimiento de 5 personas por cada millón de habitantes.
