En la madrugada del pasado sábado, un incendio en una vivienda okupada del número 10 de la calle Velódromo, en el barrio de San Millán, dejó tres personas heridas por inhalación de humo: dos hombres de 51 y 52 años y una mujer de 46. Los bomberos lograron rescatar a otras tres personas que se encontraban en el interior del edificio, afortunadamente sin lesiones.
Este incidente vuelve a poner de manifiesto el asunto de la okupación ilegal en la ciudad, que no es en absoluto residual a tenor de la moción que el Grupo Municipal de Vox ha presentado en el pleno del Ayuntamiento de Segovia, y en el que argumenta que este fenómeno, lejos de ser aislado, es un problema más extendido de lo que parece, y que comienza a ser preocupante.
La portavoz de Vox, Esther Núñez, explicó que “la okupación ilegal de viviendas es un drama que se ha asumido en España en los últimos años a raíz de la escasa protección jurídica que se ofrece a los propietarios, y a la defensa que se hace de los delincuentes”. Núñez añadió que el derecho a la propiedad debe ser compatible con el derecho a una vivienda digna y asequible para los ciudadanos.
En su moción, Vox incluye datos del Ministerio del Interior que apuntan a la existencia de casi 15.500 viviendas okupadas en España, aunque se sospecha que la cifra real es mayor debido a la falta de denuncias, muchas veces motivada por la lentitud del sistema judicial. Además, el fenómeno de la ‘inquiokupación’ —personas que, pese a haber firmado un contrato de alquiler, dejan de pagar pero no abandonan la vivienda— agrava la situación, con un estimado de 80.000 casos que no aparecen en las estadísticas oficiales por tratarse de litigios civiles.

UN MAPA INCOMPLETO

Núñez también señaló que la okupación no es un problema ajeno a Segovia. En su moción, identifica varios casos de okupación en distintos barrios de la ciudad.
• Barrio del Cristo del Mercado: Un edificio completo con seis viviendas okupadas en la calle Gutiérrez Mellado.
• Barrio de San José: Dos viviendas okupadas en la calle París y una en la calle Viena.
• Barrio de San Lorenzo: Una vivienda okupada en la calle San Gabriel.
• Barrio de San Millán: Una vivienda okupada en la calle Velódromo, donde ocurrió el reciente incendio.
• Barrio de El Salvador: Una vivienda okupada en la calle María de Pablos.

El incendio ocurrido en la casa okupada de San Millán el pasado sábado ha vuelto a abrir un debate que se llevará al Pleno del Ayuntamiento

“Seguramente serán más”, indicó Núñez, “pero no ha sido fácil recopilar el número de viviendas okupadas en Segovia porque no existe un registro a tal fin”. Y para muestra, el botón de la calle Convento, en el barrio de Santa Eulalia, donde desde hace dos meses vive una familia de okupas que ha llegado incluso a hacer reformas en la vivienda.
Además, el incendio ocurrido en la vivienda de San Millán ha puesto el foco en las condiciones de inseguridad que pueden derivarse de estas situaciones. Aunque no se ha determinado el origen del fuego, vecinos del barrio han señalado a esta redacción que la vivienda era frecuentada por varias personas que entraban y salían con regularidad.
El caso de Segovia refleja una problemática que se extiende por toda España. La okupación se ha convertido en un fenómeno complejo que abarca desde grupos organizados que toman edificios completos hasta familias en situación de exclusión social que recurren a esta práctica como única alternativa habitacional.

LAS INICIATIVAS

La falta de agilidad en los procesos judiciales, combinada con la percepción de que las leyes favorecen a los okupas, ha generado una sensación de desprotección entre los propietarios. Esto se agrava en ciudades donde los recursos municipales son más limitados y los casos pueden pasar desapercibidos hasta que ocurren incidentes como el incendio de la calle Velódromo.
En su moción, Vox plantea varias iniciativas para afrontar el problema de la okupación en Segovia que pasan, entre otras, por que se adquiera “un compromiso de la defensa de la propiedad privada y la condena rotunda a las okupaciones ilegales, por parte del Ayuntamiento”; que se cree “un servicio municipal de apoyo, asesoramiento y alerta rápida contra la okupación ilegal de viviendas”; además de que se establezca “una bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles al 99% a aquellos propietarios que tengan su casa okupada”. Asimismo, solicitan que el Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, “no inscriba en el padrón municipal a los inmigrantes ilegales que hayan okupado viviendas de titularidad pública o privada” y que lo ponga en conocimiento de la Policía.

JUICIO RÁPIDO

El Pleno del Congreso aprobó hace apenas dos semanas una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permitirá acelerar los desahucios en casos de allanamiento y usurpación de inmuebles.
La enmienda presentada por el PNV modifica el artículo 795.1 de la Ley, incluyendo los delitos de usurpación y allanamiento de morada como casos susceptibles de juicios rápidos. Este cambio reducirá drásticamente los plazos judiciales en estos procesos, pasando de los actuales 4-9 meses a un máximo de 15 días para la celebración del juicio desde que el detenido es puesto a disposición judicial.
El procedimiento se agilizará significativamente: el juez deberá convocar una primera comparecencia en 72 horas, mientras la policía judicial recopila los informes necesarios. Posteriormente, se presentarán las diligencias, tras las cuales el juez decidirá si procede el juicio oral. Este será programado dentro de los 15 días siguientes, y la sentencia deberá ser emitida en un plazo máximo de tres días tras el juicio.

«LA CASA ES NUESTRA, PERO LA DISFRUTAN ELLOS»

En la calle Convento, cerca el edificio de la Telefónica, la vida de María y su familia cambió de forma abrupta el 23 de septiembre. Ese día, cuando ella intentó abrir la puerta de la casa que comparte con sus tres hermanos, se encontró con que no podía acceder. “Habían arrancado un trozo de madera y entrado en la casa”, relata con un tono que combina frustración e incredulidad. Pronto, los obreros que trabajaban en una construcción vecina le confirmaron lo que ella misma temía: unos okupas habían tomado posesión de la vivienda.
María acudió a la policía a formalizar la denuncia. Sin embargo, lo que ella pensó que sería el primer paso hacia una solución se convirtió en el inicio de una odisea. “Me dijeron que hablara con un abogado para que me orientara sobre las pautas a seguir. Pero ahí empezaron los problemas. Nadie quiere hacerse cargo del asunto”.
María explica cómo, tras registrar la denuncia, el abogado envió la documentación al juzgado. “Llamé al juzgado y me dijeron que el caso lo llevaría el número 6, que está colapsado. Así que esto puede tardar años”. Mientras tanto, la casa que heredó junto a sus hermanos sigue ocupada. “Es una impotencia tremenda. Tú sigues pagando impuestos, facturas y cumpliendo con la ley, pero parece que nadie se interesa por solucionar esto. Te mandan de un lado para otro”.
La vivienda en cuestión no era una casa abandonada. Aunque no residían en ella de forma permanente, María y sus hermanos la utilizaban como punto de encuentro familiar. “Nos gusta juntarnos allí en cumpleaños y Navidades. Yo vivo cerca, y aunque no pasaba todos los días, sí estaba pendiente de ella”, aclara. Pero las autoridades le señalaron que, al no ser su vivienda habitual, debía seguir un proceso más lento y complejo.
Mientras tanto, los okupas han hecho de la casa su morada, transformándola a su antojo. “Han tirado tabiques y pintado la fachada. También han hecho obras dentro y fuera, algo que ni nosotros, los propietarios, podríamos hacer sin permisos”, denuncia María, quien asegura que varios vecinos han sido testigos del movimiento constante de personas en la vivienda.

Lo más indignante para ella es que las obras parecen haberse realizado sin restricciones. “La policía me dice que, al considerarse su morada, no se puede hacer nada. Pero para tirar tabiques y cambiar la fachada necesitas permisos. Ellos, sin embargo, han hecho lo que les ha dado la gana”, afirma con frustración.
Además de la pérdida emocional y física de su hogar, el impacto económico no se ha hecho esperar. “Nosotros seguimos pagando todo: agua, luz, IBI… y encima, la factura de la luz ya se ha duplicado porque han puesto una caja enganchándose a la luz de la calle”, cuenta.
María y sus hermanos consultaron a su abogada sobre la posibilidad de cortar los suministros, pero esta les recomendó mantenerlos activos para evitar complicaciones legales. “Seguimos pagando todo, pero ellos disfrutan de la casa. Es desesperante. Al final, los únicos perjudicados somos nosotros”.
El nivel de ocupación de la vivienda también parece variar. Según relata María, los okupas no residen allí de forma constante. “Creo que la usan principalmente los fines de semana. A veces pienso que incluso la tienen alquilada a otras personas”, comenta, dejando entrever la complejidad del problema.
La frustración de María también se extiende a las contradicciones en el tratamiento legal de estos casos. Mientras que los okupas son protegidos por la legislación al considerar la vivienda como su ‘morada’, los propietarios se ven atados por un entramado burocrático que parece no priorizar sus derechos. En el caso de María, esta percepción es una realidad tangible. “Al final, parece que los delincuentes son los que viven mejor. Pagan menos y tienen más derechos que nosotros, los propietarios”, lamenta.
La incertidumbre sobre el futuro también pesa. “No sabemos cuánto tiempo más vamos a estar así. ¿Qué pasará si siguen haciendo obras? ¿Y si dañan la estructura de la casa? Es angustiante pensar en todas las posibilidades mientras no podemos hacer nada”.