El avance en el diálogo de la comunidad internacional con Cuba sobre derechos humanos debe pasar no solo por la necesaria liberación de los presos políticos, sino sobre todo por la derogación de las leyes que oprimen las libertades fundamentales del pueblo cubano, según sostiene Kerrie Howard, directiva de Amnistía Internacional (AI).
«Hasta ahora no ha habido resultado en el esfuerzo por dialogar con el régimen castrista. Ese resultado tiene que ir mucho más allá que la liberación de los presos de conciencia. Ha de empezar por el desmantelamiento del sistema de control estatal sobre la libertad de expresión, de asociación y de movimiento», argumenta la activista.
Howard es directora adjunta para América del Secretariado Internacional de AI y ha participado en la elaboración del informe Restricciones a la libertad de expresión en Cuba, elaborado por esta organización de derechos humanos.
El documento, presentado hace unos días en Londres, recoge con testimonios directos las difíciles condiciones en que subsisten los periodistas independientes de la isla caribeña, siempre bajo la amenaza de las amenazas, el hostigamiento estatal, la incautación de sus medios de trabajo e incluso del riesgo de encarcelamiento.
Howard explica que AI tiene conocimiento de la existencia en Cuba de al menos 53 presos de conciencia encarcelados por ejercer el derecho a la libertad de expresión, tanto por la transmisión de datos y opiniones -en formatos tradicionales y también en internet- como por sus contactos con órganos de prensa extranjeros. «Aunque las personas que han compartido información con nosotros hasta el día de hoy no han sufrido represalias, sí soy consciente de que las ha tenido gente que trabajaba con otras organizaciones y medios», explica esta activista británica que trabaja para AI desde 1996 y lleva 20 años luchando a favor de los derechos humanos en América Latina.
Howard comenta cómo las restricciones a la libertad de expresión ya aparecen en la propia Constitución cubana, que supedita ese derecho a las leyes estatales y a la posible «amenaza» que esas opiniones e informaciones puedan tener sobre la seguridad del castrismo y el modelo comunista imperante en la isla. «Se produce un sometimiento de la sociedad», que, en el caso de los informadores, subrayó, les obliga a pertenecer a la Unión de Periodistas Cubanos (UPEC), que reconoce al Partido Comunista de Cuba «como fuerza dirigente superior» de la sociedad y del Estado, según señalan sus estatutos. Howard muestra su escepticismo sobre el alcance del diálogo de algunos países o instituciones con el régimen cubano para obtener gestos puntuales, como la liberación de algún preso o la aproximación de reclusos a sus lugares de residencia, como acaba de suceder con una iniciativa de la Iglesia Católica.
Precisamente, la presidencia española de la Unión Europea en el semestre recién concluido tenía como uno de sus objetivos, frustrado finalmente, cambiar la actual política común de la UE hacia Cuba, que solo ve posible el diálogo con este país si hay antes avances concretos en materia de democracia y derechos humanos. España lo que reclama es insistir en el diálogo para obtener esos avances.
Precisamente ayer, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, arribó a La Habana en una visita que tiene como objetivo apoyar el diálogo entre el Gobierno de Raúl Castro y la Iglesia Católica sobre los presos políticos.
A su llegada a la capital cubana, Moratinos se mostró convencido de que su viaje será «muy positivo y exitoso» y que contribuirá a seguir trabajando para levantar «definitivamente» la «posición común» de la UE hacia la isla.
Por su parte, el disidente en huelga de hambre Guillermo Fariñas, a quien Moratinos aconsejó el lunes que concluyese su protesta, contestó ayer que agradece las gestiones españolas, pero insistió en que continuará sin ingerir alimento mientras no se libere a 26 presos políticos enfermos.
