Esta semana se conocía la prórroga que, desde el Ministerio del Interior, han dado para la entrada en vigor del Real Decreto 933/2021 sobre el nuevo registro de viajeros, al que de manera tajante y clara se han opuesto una gran cantidad de agrupaciones hoteleras segovianas. Tanto la Agrupación de Fomento de Empresas Segovianas de Turismo (FESTUR), como el consejo de Turismo de la CEOE, la Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (HOTUSE) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos turísticos (CEHAT) han querido dejar clara su disconformidad con el Real Decreto que se pretende implantar, por ir en detrimento de empresarios y viajeros.
FESTUR alude a la posible incompatibilidad con la normativa de la Unión Europea, en tanto que se piensa que puede vulnerar las reglamentaciones comunitarias sobre protección de datos y privacidad al no respetar los principios de proporcionalidad y minimización. También considera que el Real Decreto implica una intromisión significativa en los derechos de privacidad de turistas y usuarios, además de carecer de la concreción y claridad necesarias para evitar vacíos legales, “lo que provoca inseguridad jurídica”.
Las figuras del sector que alzan la voz en contra de esta nueva normativa cada vez son más. Una de ellas es la de Gerardo Otero, presidente de la Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia, que forma parte del Consejo de Turismo de CEE como representante de FES y FESTUR, asociación integrada en la asociación nacional ASETUR (Asociación Española de Turismo Rural), que también suscribe la nota ejecutiva de CEOE. En su opinión, la normativa ignora las complejidades operativas de las empresas afectadas, que se enfrentan a “dificultades para recopilar los datos exigidos antes de la prestación de los servicios”, lo que las puede exponer a “importantes sanciones”, debido a la imposibilidad de cumplir con estas obligaciones, con las consecuentes repercusiones operativas y reputacionales.
Otero recuerda que el Consejo de Turismo de la CEOE incide, igualmente, en la falta de adecuación tecnológica para cumplir con las obligaciones de registro y comunicación, pues la plataforma no está plenamente operativa, “lo que redunda sobre la incertidumbre jurídica, la imposibilidad de cumplimiento y añade probabilidad de riesgos operativos y reputacionales para los sujetos obligados”.
En el informe publicado por la CEOE destacan que las medidas que deben aplicarse deberían hacerse sólo en situaciones justificadas “respetando siempre el derecho a la privacidad”. “Las nuevas obligaciones de registro e identificación suponen una sobrecarga administrativa excesiva, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el núcleo del sector turístico (95% de las empresas)”, añaden. Finaliza el informe haciendo un llamamiento al “diálogo constructivo” entre las autoridades y los representantes del sector turístico, agrupados en l Consejo de turismo de la CEOE, para garantizar que las medidas sean viables, proporcionadas y que no afecten negativamente la competitividad del sector ni a la adecuación del empleo que genera”.
Brechas en la ley
Por su parte, la Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (HOTUSE) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos turísticos (CEHAT), que han manifestado en varias ocasiones su oposición dicha normativa, señalan que está directamente relacionada con el caos que produciría su implementación debido a la imposibilidad de cumplimiento de la normativa, aspecto que ya denunciaron el pasado mes de julio. Fue entonces cuando desde, CEHAT que agrupa a todas las modalidades de alojamiento español reglado y representa a 51 asociaciones nacionales, provinciales, regionales y sectoriales, apuntaban que “es incomprensible el empecinamiento de los responsables del Ministerio del Interior, bajo la dirección del ministro Fernando Grande-Marlaska, en provocar un caos para los colaboradores del ministerio, y en generar una amenaza de grandes multas y sanciones a todos los que no actúen bajo unos nuevos parámetros que, a nuestro juicio, son incumplibles e ilegales, y que provocarán la segura pérdida de información sensible sobre los viajeros y un aumento de responsabilidad sobre datos no comprobables”.
Este Real Decreto señalaba que habría un posterior desarrollo por orden ministerial de cuáles deberían ser los datos que se aporten por cada uno de los subsectores del turismo (alojamiento, coches de alquiler, agencias de viajes, plataformas de intermediación, campings, pisos turísticos…). Sin embargo, los hoteleros denuncian que, a fecha de hoy, este desarrollo legislativo no existe, por lo que se produce una confusión generalizada con respecto a qué información sería exigible y a la forma de remitirla.
Una de las denuncias que se hace desde el sector, es que esta nueva normativa contempla la recogida y posterior puesta en conocimiento de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de datos no oficiales y que no aparecen en ninguno de los documentos que portan los viajeros (DNI y pasaporte) tales como forma de pago, números de tarjeta de crédito, teléfono móvil o domicilio real entre otros. A este respecto tanto CEHAT como HOTUSE, señalan que esto hace imposible remitirlos de forma automatizada, obligando a su registro y envío de forma manual y al consiguiente aumento de errores y trabajo desproporcionado de quienes los deben remitir, así como a la falta evidente de seguridad.
Esto último es en parte así, debido a que más del 70% de las empresas de alojamiento son pymes y micropymes que no pueden disponer de la protección suficiente de ciberseguridad, que garantice la protección efectiva de los datos recogidos. Ante esta situación, todas las asociaciones sectoriales se han puesto de acuerdo, por primera vez, en los problemas que va a ocasionar una legislación que califican de muy deficiente y de imposible aplicación. CEHAT, que representa a más de 16.000 establecimientos con un total de 1.800.000 plazas repartidas por toda España, manifiesta sus principales preocupaciones al respecto: incompatibilidad con la normativa de la Unión Europea, inseguridad jurídica e imposibilidad de cumplimiento, desventaja competitiva en el mercado nacional y europeo, falta de adecuación tecnológica y carga administrativa desproporcionada.
Ante la falta de respuesta a los problemas planteados por las patronales por parte de los funcionarios implicados, CEHAT y HOTUSE se han dirigido a los ministerios de Turismo e Interior, así como a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, exigiendo la revisión y ajuste del Real Decreto para garantizar la proporcionalidad y minimización de datos, así como un largo periodo para la adecuación tecnológica y adaptación de los sistemas operativos de las empresas.
En caso de que no se produzca la modificación, los hoteleros advierten de la imposibilidad de su cumplimiento y la pérdida de la fiabilidad de los datos de los que actualmente disponen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para prevenir los delitos y el terrorismo.
Prórroga
Después de las protestas lanzadas por parte de agrupaciones y patronales entre las que se encuentran FESTUR, CEOE, HOTUSE O CEHAT, el Ministerio del Interior ha anunciado una prórroga para la entrada en vigor del nuevo Decreto Ley de registro de viajeros previsto para el 1 de octubre. La nueva fecha elegida es el 2 de diciembre, modificación que sigue sin resolver el malestar de la Confedreacion Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y HOTUSE, quienes manifestaron esta semana, después de conocer la medida, su desacuerdo con respecto a la solución propuesta, subrayando que no se trata de una cuestión de tiempo de adaptación tecnológica, sino que es necesaria una revisión profunda del contenido del Real Decreto 933/2021, que implique un conocimiento de la forma en que se desarrolla la actividad turística y escuche a las partes involucradas.
Desde el Ministerio del Interior esgrimen problemas de plazos de adaptación tecnológica para tomar esta medida, mientras que desde las patronales creen que es un problema de contenido y que no basta con retrasar la puesta en funcionamiento de la normativa. Así las principales preocupaciones del sector, desde hace tres años, atienden a cuestiones como la incompatibilidad del texto con la normativa de la Unión Europea, a la inseguridad jurídica e imposibilidad de su cumplimiento al carecer de la concreción y claridad necesarias para evitar vacíos legales, a la desventaja competitiva que generaría la nueva normativa en el mercado nacional y europeo ya que a supondría una carga administrativa desproporcionada para los trabajadores del sector turístico, entre las principales razones.
A este respecto, recuerdan que el rechazo del Real Decreto 933/2021 ha sido generalizado y unánime desde el principio y ha ocasionado una enorme tensión en todos los sectores del turismo. De hecho, este profundo malestar dio lugar a la redacción de un documento conjunto de los hoteleros, de las plataformas de intermediación y de comercialización de viviendas de uso turístico, de las agencias de viajes, el turismo rural, los campings y las empresas de alquiler de vehículos (rent-a- car) que muchos medios han calificado de “inaudita”.
A nivel europeo, CEHAT, de la que forma parte HOTUSE, sostiene que el texto de la nueva normativa ha generado preguntas parlamentarias por los principales partidos de la oposición y un documento donde se instaba al legislador español a su derogación y a buscar alternativas viables. En este sentido, el nuevo Real Decreto provocó también que las asociaciones turísticas de la Unión Europea se unieran al sector español para trasladar por escrito al Ejecutivo las consecuencias del esta nueva norma y para remarcar la imposibilidad de su cumplimiento.
“Esta norma ha de ser revisada en profundidad, para que se tenga en cuenta la forma en que se desarrolla la actividad turística y, conociendo su operativa, se desarrollen propuestas viables que proporcionen seguridad jurídica tanto a los viajeros como a las empresas obligadas. Todo ello, con la garantía de que no suponga una pérdida de competitividad para España y una carga administrativa incomprensible e inadmisible para el sector”, subraya Jorge Marichal, presidente de CEHAT. En este sentido, Marichal agradece el intenso trabajo conjunto que se está llevando a cabo tanto desde el sector en Europa como por parte de todos los integrantes de la Comisión de Turismo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en colaboración con las demás patronales turísticas españolas, como representantes del sector turístico en nuestro país. “Llevamos años trabajando codo con codo para intentar que este asunto llegue a buen puerto y redunde seguir contribuyendo a la mejora del sector y en afianzar aún más la seguridad de nuestro país”. CEHAT reclama, por tanto, un diálogo constructivo con el Ministerio del Interior -que no ha tenido lugar en el último año- y lamenta que se ha hecho caso omiso a todas las propuestas realizadas. Esto, tal y como apunta la patronal, ha generado una preocupante sensación de imposición de una norma, a sabiendas del caos que iba a producir si definitivamente se hubiera puesto en vigor.
Por último, HOTUSE y CEHAT manifiestan su deseo de contribuir a colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para afianzar la seguridad de España -piedra angular del liderazgo turístico del país-, tal y como ha venido haciendo desde los inicios de esta actividad, e inciden en su intención de trabajar por un nuevo marco de relación con el Ministerio del Interior, que elimine los problemas creados por este polémico Real Decreto y que permita continuar la senda del desarrollo y la contribución positiva de la actividad del hospedaje en nuestro país.
