El Gobierno presentará ante el Tribunal Constitucional dos incidentes de ejecución de sentencia para que anule parte de la resolución aprobada por el Parlament el 25 de julio, de reprobación del rey, y advirtió a su presidente, Roger Torrent, de que puede incurrir en un delito. Según apuntó el ministro de Política Territorial en funciones, Luis Planas, podría tratarse de un delito de desacato, aunque sería necesario examinar qué tipo jurídico se puede aplicar si Torrent y el resto de miembros de la Mesa del Parlament no cumplen las sentencias del Constitucional.
En este sentido, reiteró que el Gobierno también tiene intención de recurrir las resoluciones del Parlament de la semana pasada, pero que aún no sabe qué mecanismo va a utilizar si será un recurso ordinario ante el Tribunal Constitucional, previa consulta al Consejo de Estado, o será vía un nuevo incidente de ejecución.
Planas recordó que el Gobierno está a la espera de la publicación oficial de estas resoluciones, en las que se avala la desobediencia civil y se pidió la expulsión de la Guardia Civil en la Comunidad de Cataluña.
Y al conocer en directo que se acababa de producir esta publicación en el diario oficial de la cámara catalana, dijo: “Qué bien cronometrada está la actuación del Parlament, también la de este Gobierno”.
En los incidentes de ejecución acordados ayer, el Gobierno pidió la nulidad de las resoluciones del 25 de julio, pero también que el Tribunal Constitucional haga “una clara advertencia” a Torrent y los miembros de la Mesa para que “se abstengan de cualquier actuación contraria” a sus sentencias porque tendrían responsabilidades jurídicas y penales en este caso.
Planas destacó el incidente de ejecución es un mecanismo que se ha utilizado muy poco y es “especialmente importante” porque evita al Gobierno “el tener que plantear un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional en relación con un tema sobre el cual ya haya sentado doctrina”.
“Vamos a respetar y hacer respetar la Constitución y la ley en el conjunto de España”, afirmó Planas. Así que “lo mejor para todos sería que la Mesa del Parlament cumpliera lo que le indica el Constitucional”, advirtió.
Cataluña real
La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celáa, explicó que el Ejecutivo considera que varios apartados de la resolución del 25 de julio, sobre las ‘propuestas para una Cataluña real’, vulneran “directa y frontalmente” sentencias del Constitucional por lo que solicita su “declaración de nulidad y su inmediata suspensión”.
También que se advierta al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a la Mesa de su obligación de acatar estas sentencias y se les aperciba de las responsabilidades penales en las que pueden incurrir.
El recurso del Gobierno al Constitucional se refiere en concreto a los apartados sobre la “ratificación en defensa del ejercicio del derecho de autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo catalán” y al que recoge la reprobación del rey.
